Wilber Rafael Garcés Pérez, el ciudadano venezolano de veintiocho años que resultó herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el norte de Austin, fue sometido con éxito este jueves a una intervención quirúrgica indispensable para retirarle el proyectil que permanecía alojado en su espalda desde el pasado veinte de septiembre. Su abogada de inmigración, Kate Lincoln-Goldfinch, confirmó en un comunicado emitido la noche del jueves que los cirujanos lograron extraer el proyectil sin complicaciones mayores y que su representado fue reingresado de inmediato a las instalaciones penitenciarias bajo custodia de las autoridades federales.
La operación médica se llevó a cabo tras reiteradas peticiones de su equipo legal y de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes habían alertado ante los tribunales sobre el intenso dolor, los riesgos infecciosos y las severas limitaciones motrices que sufría el joven, situación que lo obligó a comparecer en silla de ruedas durante su audiencia de detención del miércoles, en la cual un juez magistrado le negó la libertad bajo fianza. La fiscalía federal mantiene contra Garcés Pérez cargos por agresión, resistencia, interferencia e impedimento a la labor de un oficial federal, sosteniendo que impactó a un agente con su espejo retrovisor y posteriormente intentó avanzar hacia el oficial que abrió fuego, acusaciones que la defensa rechaza de manera tajante al catalogar el proceso penal como una represalia institucional.
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El procedimiento médico coincidió con la promulgación de una nueva directriz operativa interna emitida por la jefatura nacional de ICE, obtenida por The Associated Press, la cual modifica de raíz los protocolos de interdicción en calle. La ordenanza prohíbe expresamente a los agentes de la división de Operaciones de Aplicación y Remoción (ERO) emprender persecuciones contra automóviles que desobedezcan una orden de alto, exige capacitaciones específicas para retenes y mandata el uso y activación obligatoria de cámaras corporales durante toda la intervención, además de requerir que los vehículos oficiales cuenten con torretas de luces y sirenas reglamentarias.
Los alcances del nuevo memorando cobraron especial relevancia luego de que en la audiencia judicial previa saliera a la luz que el oficial que disparó contra Garcés Pérez no portaba cámara corporal asignada, mientras que el agente perseguidor apagó su dispositivo de grabación en plena persecución. Ante estas revelaciones, Lincoln-Goldfinch cuestionó con severidad el accionar de los elementos federales, remarcando que si esta normativa restrictiva hubiera estado en vigor hace dos semanas, el incidente jamás habría derivado en una persecución por vecindarios residenciales ni en el tiroteo que dejó a su cliente al borde de la muerte.
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