Decenas de manifestantes y activistas de derechos humanos se congregaron la mañana del lunes frente al Palacio de Justicia del Condado de Travis, en la ciudad de Austin, para alzar la voz contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y denunciar una presunta persecución judicial orquestada por corporaciones policiales de Texas contra quienes han participado en las movilizaciones sociales. El origen de las protestas se remonta al pasado 20 de septiembre en el norte de Austin, fecha en que agentes migratorios federales interceptaron al ciudadano Wilber Garcés Pérez en la vía pública, incidente en el cual los fiscales federales afirman que el conductor impactó el espejo lateral de su auto contra un oficial al intentar retirarse, desencadenando una persecución que culminó cuando un agente de ICE le disparó un impacto de bala.
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Durante la manifestación matutina, los participantes y portavoces comunitarios acusaron a las autoridades estatales de aplicar represalias directas y arrestos selectivos contra los ciudadanos que salieron a repudiar el uso letal de la fuerza. Emilia Figueroa, una de las manifestantes citadas en la sede judicial para comparecer por su propia causa penal, aseveró que las detenciones responden exclusivamente al ejercicio de la protesta pacífica en defensa del afectado. Entre los testimonios compartidos destacó el caso de una mujer identificada como Autumn, quien fue detenida el 27 de septiembre en Pearsall tras protestar frente a las instalaciones del centro de detención migratoria donde Garcés Pérez permanecía recluido, así como la denuncia de India Brookhouser, arrestada por patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas (Texas DPS) y recluida durante cuatro días en la cárcel del condado de Bell bajo una fianza de 50.000 dólares acusada de un delito menor de motín, cuestionando el desequilibrio en la celeridad judicial mientras el oficial federal que disparó aún no enfrenta cargos ni ha sido identificado públicamente.
Por su parte, colectivos de base como el Workers Defense Project y la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch remarcaron la urgencia de exigir rendición de cuentas a los funcionarios electos y fiscalizar la violencia armada en las calles, haciendo hincapié en la deficiente atención médica que reciben los inmigrantes heridos bajo custodia federal. Aunque la defensa legal confirmó que el proyectil alojado en el cuerpo de Wilber Garcés Pérez fue extraído con éxito y se encuentra en proceso de recuperación bajo intenso dolor, el panorama jurídico para el ciudadano herido permanece complejo, luego de que fiscales federales formalizaron la semana pasada una imputación en su contra por presuntos cargos de agresión, resistencia, obstrucción e interferencia contra un agente federal de la ley.
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