La alcaldía de San Antonio, en Texas, interpuso un recurso contencioso ante un juzgado federal contra la administración del presidente Donald Trump para frenar la adecuación de una nave de depósito como recinto de retención de migrantes para 1.500 personas, debido a la omisión de las evaluaciones de impacto ambiental y comunitario exigidas por la legislación nacional.
La acción legal interpuesta por la municipalidad señala de forma directa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por incumplir las disposiciones normativas de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y de la Ley de Procedimiento Administrativo.
El espacio objeto del litigio corresponde a una nave industrial de cerca de 59.458 metros cuadrados situada en el sector oriental del municipio, estructurada originalmente para la logística de mercancías y no para albergar personas.
Los análisis técnicos del ayuntamiento reflejan que albergar a más de mil personas en esas instalaciones demandaría un incremento de quince veces en la capacidad de la red de aguas residuales, lo que provocaría fallas sanitarias en un terreno expuesto a anegaciones.
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Por su parte, la representación institucional del DHS desestimó los cuestionamientos de la alcaldía al atribuirlos a intereses de carácter político, sosteniendo la vigencia de los planes de resguardo fronterizo previstos por el gobierno central.
Precedentes y declaraciones institucionales
La iniciativa de la ciudad texana se integra a una serie de recursos promovidos en estados como Georgia, Utah y Michigan, donde fallos de paralización preventiva han bloqueado los planes federales para habilitar más de veinte recintos industriales destinados al confinamiento de personas extranjeras.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la alcaldesa de la localidad, Gina Ortiz Jones, fijó la postura de la administración local frente al proceso judicial:
“Todas las agencias federales, incluido el DHS, deben realizar una evaluación ambiental antes de emprender un proyecto de esta magnitud. San Antonio se cansó de esperar; nuestra comunidad merece respuestas básicas”, aseveró la alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, durante una rueda de prensa institucional.