El lunes, la Corte Suprema autorizó al gobierno de Trump a reanudar la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, en Texas, lo que representa un revés para los opositores bipartidistas que argumentaban que el proyecto es un despilfarro de dinero que amenaza el singular paisaje.
El muro fronterizo es un proyecto emblemático del presidente Donald Trump, quien desde hace tiempo prometió construir un muro desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México.
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Los terratenientes y empresarios de la región de Big Bend, los ecologistas y otros que se han opuesto al proyecto de construcción se mostraron profundamente decepcionados con la decisión del tribunal.
“Esta terrible decisión allana el camino para que los contratistas arrasen desiertos vírgenes y dinamiten las paredes de los cañones antes incluso de que los tribunales decidan si esta destrucción es legal”, declaró Laiken Jordahl, defensora nacional de tierras públicas del Centro para la Diversidad Biológica, uno de los grupos que interpusieron una demanda para detener la construcción.
“Están dando su visto bueno a la destrucción permanente del lugar más salvaje de Texas y al robo de un gran río estadounidense”.
El gobierno ha seguido adelante otorgando exenciones generalizadas para eludir las regulaciones. Si bien estas normas buscan proteger el medio ambiente, históricamente han ralentizado los grandes proyectos de construcción.