La reciente promesa de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de decretar cuatro aumentos en los ingresos de los trabajadores durante el año 2027 ha chocado frontalmente con el escepticismo y las advertencias de los principales economistas del país. En un mensaje grabado y difundido estratégicamente minutos antes de que la líder opositora María Corina Machado ofreciera su primera rueda de prensa tras su retorno al país el pasado domingo 25 de octubre, Rodríguez aseguró que estos incrementos trimestrales “en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico”. Sin embargo, mientras el gobierno emitía este anuncio, las calles de Caracas y otras ciudades atestiguaban intensas jornadas de protesta nacional protagonizadas por gremios y sindicatos que exigen respuestas inmediatas y viables a la pulverización de su poder adquisitivo.
Para los especialistas, la fórmula propuesta por el Ejecutivo carece de viabilidad financiera en el contexto venezolano. El economista y exdiputado José Guerra catalogó el planteamiento como “un error” técnico fundamental. Explicó que si el ajuste salarial se calcula con base en el Producto Interno Bruto (PIB) real —el cual excluye el factor inflacionario—, el incremento laboral máximo apenas rondaría el 10%. Por su parte, Leonardo Vera, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuestionó duramente la competencia técnica de los asesores gubernamentales: “¿Cómo van a anunciar que los aumentos salariales de 2027 serán al menos mayores al crecimiento del PIB real? Eso es solo concebible si la inflación esperada es cero”. Guerra insistió en que la política correcta sería indexar los salarios al comportamiento de la inflación para poder preservar verdaderamente la capacidad de compra de los ciudadanos.
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Las dudas sobre la hoja de ruta económica del gobierno se extienden al recientemente firmado Acuerdo Anual de Políticas Económicas 2027 entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de Venezuela (BCV), documento que se emite tras 13 años de omisión constitucional. Aunque el texto oficial proyecta un crecimiento económico anual de entre 6% y 10% y promete reducir la inflación a una tasa de “dos dígitos”, los analistas señalan graves imprecisiones. Guerra advierte que una meta de “dos dígitos” es un margen demasiado amplio (del 10% al 99%) para un país que acumuló más de 225% de inflación solo hasta septiembre de este año. Además, criticó que el documento omita el problema central del financiamiento monetario del déficit fiscal, práctica mediante la cual el BCV emite dinero inorgánico para cubrir las deudas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
En un giro sorpresivo dentro de la retórica gubernamental, Rodríguez también anunció la instrucción de valorar activos no esenciales en manos del Estado para ser “ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios”, afirmando que la propiedad privada es un derecho constitucional garantizado. Esta iniciativa representa una enmienda radical a la histórica política chavista de controles y expropiaciones. No obstante, el daño estructural ya está hecho: el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) calcula que los laudos arbitrales por expropiaciones condenan a Venezuela a pagar unos 30.000 millones de dólares. Para José Manuel Puente, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, el colapso económico, social y migratorio provocado por la violación sistemática de los derechos de propiedad es irreversible bajo la actual administración. “Los mismos que destruyeron el país, no tienen la credibilidad y competencia para reconstruirlo”, sentenció.
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