El gobierno federal ha asestado un duro golpe a la red de salud pública de Texas al eliminar 29,2 millones de dólares en fondos destinados a organizaciones que realizan miles de pruebas de VIH directamente en las comunidades. La subvención federal, conocida como PS21-2102 y administrada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), expiró el pasado 30 de septiembre, dejando a 11 organizaciones de base comunitaria (CBO, por sus siglas en inglés) sin los recursos vitales que durante el último lustro financiaron pruebas gratuitas, profilaxis y conexiones directas con la atención médica. Texas había sido el mayor beneficiario a nivel nacional de este programa, el cual distribuía originalmente 239 millones de dólares en todo el país.
Las organizaciones comunitarias afectadas son consideradas pilares fundamentales en la prevención del VIH debido a su capacidad para generar confianza y llegar a grupos vulnerables que suelen evitar los entornos clínicos tradicionales por miedo al estigma. Los datos respaldan su eficacia: entre 2012 y 2017, estas agrupaciones detectaron un nuevo caso positivo en el 1,4% de las pruebas administradas, una tasa de éxito casi tres veces superior al 0,5% logrado por los departamentos de salud locales. “Hay mucho estigma en la comunidad y la gente no quiere que se conozca su sexualidad; el trabajo de campo permite el acceso y hacer las pruebas donde la gente está”, explicó Emma Sinnott, vicepresidenta de Vivent Health en Austin, organización que perderá el 30% de sus fondos preventivos.
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El impacto del recorte ya se siente en las principales urbes del estado, que actualmente ocupa el quinto lugar a nivel nacional en nuevos diagnósticos de VIH per cápita. En Houston, la organización Allies in Hope perderá unos 441.000 dólares anuales, lo que reducirá drásticamente las 2.000 pruebas que lograban realizar al año. En San Antonio, la agrupación BEAT AIDS —el mayor receptor de esta subvención en todo el país— deberá buscar nuevas fuentes de financiamiento tras perder el respaldo que cubría el 20% de sus 5.000 diagnósticos anuales. Aunque los CDC otorgaron al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS) un fondo único de contingencia de 5,2 millones de dólares hasta 2027, apenas 1,2 millones se destinarán a las organizaciones comunitarias, una fracción mínima de los más de 3 millones que recibían anualmente.
Este drástico recorte se enmarca dentro de una ofensiva más amplia de la administración del presidente Donald Trump y del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental para reducir el gasto federal en salud pública. Sin embargo, los especialistas advierten sobre la falacia económica de esta decisión. Anthony Fojo, profesor de medicina en Johns Hopkins, explicó que el tratamiento vitalicio de un solo paciente con VIH puede costar hasta un millón de dólares. “Es ahorrar centavos para terminar perdiendo millones al recortar los fondos para las pruebas, porque es mucho más barato hacer exámenes de detección que tratar infecciones adicionales en el futuro”, advirtió Fojo. A nivel estatal, legisladores como el representante demócrata de Dallas, Venton Jones, buscan alternativas de financiamiento local de cara a la próxima sesión legislativa, aunque insisten en que el estado no podrá sostener permanentemente el vacío dejado por el gobierno federal.
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