El presidente Donald Trump ha comenzado a enviar señales encontradas respecto a su estrategia de aplicación de las leyes de inmigración, sugiriendo una posible flexibilización de sus posturas más extremas. Tras años de promover una política de “tolerancia cero”, el mandatario reconoció recientemente que los esfuerzos de deportación masiva impulsados por su administración podrían haber acarreado importantes costos políticos para el Partido Republicano en las pasadas elecciones de mitad de mandato.
Durante los últimos dos años, altos funcionarios de inmigración de la administración Trump difundieron activamente imágenes y videos de los arrestos, destacando la detención de criminales. Sin embargo, la opinión pública pareció cambiar drásticamente tras la difusión de redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en fábricas de todo el país, así como por incidentes violentos que involucraron a ciudadanos estadounidenses que protestaban contra estas políticas.
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En un sorpresivo giro de su retórica habitual, Trump admitió durante una entrevista en el programa “60 Minutes” de CBS que su política de deportaciones pudo haber cruzado un límite. “Fue demasiado dura. Creo que podría ser demasiado dura. Sí”, declaró el presidente. Asimismo, indicó estar abierto a trabajar en un acuerdo migratorio con el Partido Demócrata e incluso aseguró que “muy fácilmente” podría abstenerse de insultar a sus rivales políticos durante seis meses con tal de alcanzar un consenso legislativo.
Las reacciones ante este cambio de tono han sido mixtas. Mientras figuras emergentes como el senador electo por Texas, James Talarico (D), ven posible colaborar para crear vías legales de inmigración, otros sectores demócratas mantienen un profundo escepticismo. La reciente designación de Stephen Miller como jefe de gabinete del presidente ha reforzado estas dudas. Representantes como Robert Garcia (D-Calif.) han criticado duramente el nombramiento, recordando que los demócratas ya prometieron investigar a fondo las agresivas redadas del ICE, agencia que el año pasado se convirtió en la fuerza de seguridad federal con mayor financiamiento en la historia del país.
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