La Asociación Nacional del Rifle (NRA) ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise una ley de Florida que prohíbe la compra de armas a jóvenes de entre 18 y 20 años, con el fin de restituir lo que considera un derecho constitucional restringido.
La acción se produce luego de que el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito rechazara su impugnación legal, siguiendo una decisión previa similar tomada por el Tribunal del 5º Circuito hace dos años.
La ley en cuestión fue aprobada en 2018, tras el tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, que dejó 17 personas muertas. La normativa elevó a 21 años la edad mínima para comprar armas largas en el estado de Florida, y fue firmada por el entonces gobernador Rick Scott.
En su argumentación ante el máximo tribunal, la NRA sostiene que dicha prohibición viola la Segunda Enmienda de la Constitución.
“Los estadounidenses mayores de 18 años se consideran adultos y pueden votar, celebrar contratos, casarse, alistarse y luchar por nuestro país. A estos mismos adultos también se les garantiza el derecho a defenderse mediante la Segunda Enmienda”, declaró el Director Ejecutivo de la NRA-ILA, el brazo legislativo del grupo.
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“La NRA solicita a la Corte Suprema que se ocupe de este caso crucial para salvaguardar los derechos constitucionales de los adultos menores de 21 años”, añadió.
La organización presentó su demanda original en 2021, poco después de la implementación de la ley en Florida. Desde entonces, ha enfrentado múltiples reveses judiciales en tribunales federales, donde se ha respaldado la constitucionalidad de la normativa estatal en el contexto de la seguridad pública.
Los jueces de apelación que fallaron contra la NRA concluyeron que el estado tiene la facultad de imponer restricciones razonables al acceso de armas, especialmente cuando se trata de grupos etarios con tasas de criminalidad más elevadas, como los jóvenes adultos.
Este nuevo intento de llevar el caso a la Corte Suprema llega en un contexto nacional en el que el debate sobre la violencia armada y los derechos de los propietarios de armas sigue polarizando a legisladores, defensores de los derechos civiles y organizaciones de seguridad.
La Corte Suprema aún no ha indicado si aceptará el caso para su revisión. En los últimos años, el tribunal ha fallado en favor de una interpretación más amplia de la Segunda Enmienda, lo que podría influir en el análisis de esta demanda.
De ser admitido, el caso podría tener implicaciones legales a nivel nacional, afectando leyes similares que existen en otros estados de EE. UU., y reconfigurar los límites legales sobre quién puede comprar y portar armas en el país.
