Mientras el Mes del Orgullo llega a su fin, una evaluación de la situación de la comunidad LGBTQ+ en Estados Unidos revela un panorama lleno de desafíos. Un clima político cada vez más hostil, marcado por cientos de proyectos de ley y recortes de fondos federales, está poniendo en jaque los recursos y la atención destinada a este colectivo.
Brian Frederick, profesor de criminología en SUNY Empire, advierte sobre la proliferación de docenas de proyectos de ley anti-trans que han sido introducidos a nivel nacional. El golpe más reciente y significativo provino de la Corte Suprema, que ratificó una ley en Tennessee que prohíbe la atención de afirmación de género para menores de edad.
Según Frederick, esta decisión judicial es de enorme trascendencia, ya que “abre la puerta a prohibiciones similares en al menos 26 estados”. A esto se suman, explica, “algunas de las órdenes ejecutivas que han salido de la White House y que están impactando los servicios para los jóvenes LGBTQ+”.
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Paralelamente, los recortes a la financiación federal para servicios LGBTQ+ ya han comenzado a materializarse. Un ejemplo contundente es que, a partir del próximo mes, la línea directa nacional de prevención del suicidio, el 988, dejará de ofrecer sus servicios especializados para la comunidad LGBTQ+.
“La realidad es que ninguna ciudad por sí sola puede absorber estas consecuencias nacionales”, afirma Frederick. Con los servicios desfinanciados y al límite, y sin el respaldo federal o la coordinación entre estados, “las organizaciones sin fines de lucro y los grupos de ayuda mutua están teniendo que soportar el peso de esta crisis nacional”.
En respuesta a esta situación, el profesor Frederick, junto a otros criminólogos del país, está trabajando en un estudio financiado para investigar y documentar científicamente cómo estos cambios en las políticas públicas están impactando a la juventud queer y a las organizaciones de base que luchan por asistirlos.
