Venezuela ha consolidado su posición en el abismo de la ética pública global al obtener apenas 10 de 100 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025. Según el informe de Transparencia Internacional, el país ocupa el puesto 180 de 182 naciones evaluadas, una calificación que refleja el legado de la administración de Nicolás Maduro. El estudio subraya que la corrupción no es un fenómeno aislado, sino una “captura sistémica” del Estado, donde las élites políticas y militares han fusionado las rentas nacionales con sus intereses personales y redes criminales.
El reporte describe a Venezuela como un “nodo criminal trasnacional” donde existe una simbiosis perfecta entre altos funcionarios y organizaciones ilegales. Esta estructura facilita delitos de alto impacto como el narcotráfico, la extracción irregular de oro y la trata de personas. Hasta finales de 2025, se identificaron más de mil personas y casi 800 empresas vinculadas a redes cleptocráticas. Aunque la justicia internacional ha logrado bloquear cerca de 4.000 millones de dólares en bienes, los expertos advierten que esta cifra es apenas una pequeña fracción del erario público saqueado durante la última década.
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La situación se agravó a finales de 2025 con la aprobación de regulaciones restrictivas por parte de la Asamblea Nacional, lo que forzó a la organización Transparencia Venezuela a cerrar sus oficinas físicas y operar desde el exilio. El uso de criptomonedas para evadir sanciones y el desmantelamiento de los organismos de control interno fueron herramientas clave para institucionalizar la opacidad. A nivel regional, Venezuela arrastra el promedio de América Latina, contrastando con naciones como Uruguay y Chile, que se mantienen como los referentes de mayor integridad pese al estancamiento global.
A nivel mundial, el informe advierte que incluso las democracias consolidadas están perdiendo terreno frente a la corrupción. Mientras países como Dinamarca y Finlandia lideran la transparencia, potencias como Estados Unidos y el Reino Unido registraron retrocesos. Para Venezuela, el camino hacia la recuperación institucional requerirá, según Transparencia Internacional, restaurar la independencia judicial, proteger el espacio cívico y fortalecer la contraloría social, medidas que hoy representan el mayor desafío para la reconstrucción del país tras años de opacidad dictatorial.
