La ciudad de Houston se encuentra en medio de un intenso pulso político y financiero con los líderes republicanos de Texas en este 2026. Tras la aprobación de una ordenanza el pasado 8 de abril que limitaba la cooperación de la policía local con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el alcalde John Whitmire y el Concejo Municipal han convocado a una reunión especial este viernes para considerar su derogación. La marcha atrás ocurre apenas días después de que la oficina del gobernador Greg Abbott amenazara con retirar 110 millones de dólares en subvenciones para seguridad pública y bloquear cualquier financiamiento futuro si la norma permanece vigente.
La controversia escaló cuando el fiscal general Ken Paxton lanzó una investigación alegando que la ordenanza de Houston viola la Ley del Senado 4 (SB 4), la cual prohíbe a las ciudades adoptar políticas que limiten “materialmente” la aplicación de las leyes de inmigración. Según el estado, exigir que los oficiales dejen de esperar a los agentes federales en escenas como paradas de tráfico tiene un “efecto paralizante” en la seguridad nacional. Por su parte, el alcalde Whitmire, quien inicialmente votó a favor de la medida, justificó el cambio de postura señalando que no se puede arriesgar el financiamiento vital para los departamentos de policía y bomberos, especialmente con los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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El portavoz de Abbott, Andrew Mahaleris, fue contundente al declarar que el financiamiento futuro ya está “en pausa” y que, si la ciudad no revierte el rumbo antes del 20 de abril, Texas podría incluso emitir una factura a Houston por los 110 millones ya otorgados. De no pagarse esta deuda, el Contralor del estado tendría la instrucción de negar el pago de cualquier fondo a la ciudad. Figuras como el senador John Cornyn han respaldado la presión estatal, calificando la política de Houston como “absurda y peligrosa”.
Desde la otra acera, la concejal Alejandra Salinas y organizaciones como la ACLU de Texas han instado a la ciudad a defender la ordenanza en los tribunales en lugar de ceder ante lo que consideran un “atropello estatal”. Salinas argumenta que aceptar la demanda de Abbott sienta un precedente peligroso donde el estado puede aplastar leyes locales legítimas y derechos constitucionales a su antojo. Mientras Houston delibera, la fiscalía de Paxton también mantiene bajo la lupa a la ciudad de Austin por políticas similares, marcando una ofensiva total de Texas contra las llamadas políticas de “ciudad santuario” en este dos mil veintiséis.
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