El presidente Donald Trump destacó un nuevo pacto energético firmado con el gobierno interino de Venezuela, afirmando que representa un beneficio histórico que permitirá acceder a 65 000 millones de barriles de petróleo para Estados Unidos. Según la Casa Blanca, las negociaciones fueron lideradas por el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Guerra Pete Hegseth en conjunto con la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, prometiendo duplicar las reservas estadounidenses y bajar los costos de combustible.
Pese a los anuncios oficiales, analistas económicos y juristas manifestaron severas dudas respecto a la viabilidad financiera del proyecto. El investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), Francisco Rodríguez, señaló que la promesa de inyectar casi 100 000 millones de dólares en inversión privada carece de claridad operativa, especialmente cuando ni el gobierno estadounidense ni el venezolano aportarán fondos públicos directos y las petroleras privadas verían limitadas sus ganancias al vender el recurso «al costo».
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Por su parte, Delcy Rodríguez sostuvo que Venezuela mantendrá la soberanía nacional y la propiedad total de sus yacimientos, utilizando tecnología y capital extranjero para reconstruir una infraestructura petrolera severamente deteriorada. Sin embargo, especialistas advierten que la puesta a punto de los pozos y refinerías tomará varios años, por lo que cualquier impacto en el precio final de la gasolina no se reflejará de forma inmediata en el mercado.
A los desafíos técnicos se suma la incertidumbre política y constitucional en territorio venezolano. La validez legal del acuerdo ha sido cuestionada al no contar con la ratificación formal de la Asamblea Nacional, lo que deja los contratos expuestos a ser declarados ilegítimos o anulados por futuros gobiernos, además de los interrogantes sobre la operatividad en el terreno al no existir una petrolera estatal estadounidense.
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