Un individuo residente en la ciudad de Fort Worth enfrentará cargos penales tras emitir graves amenazas de muerte dirigidas contra el representante estatal por Texas, James Talarico. La División de Investigación Criminal del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) inició las indagaciones correspondientes el pasado 12 de agosto, luego de que el jefe de gabinete del legislador demócrata reportara la recepción de intimidaciones de carácter violento mediante el correo electrónico de campaña y la cuenta oficial de Instagram del político.
De acuerdo con la declaración jurada presentada ante el tribunal, el primer mensaje intimidatorio fue enviado el 3 de agosto desde una cuenta de correo electrónico identificada bajo el seudónimo “GANGSTEROFLOVE817”. Posteriormente, el 11 de agosto, se emitió un segundo mensaje a través de la red social Instagram desde el usuario “GODFATHEROFLOVE817”; en ambas comunicaciones se incluyeron expresiones de contenido gráfico violento, lenguaje soez e insultos dirigidos a la figura del legislador.
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Para dar con el paradero del responsable, los agentes estatales obtuvieron órdenes de cateo e información de suscripción ante las empresas Google y Meta, logrando verificar que McFatridge figuraba como el titular registrado del correo electrónico implicado. El pasado 19 de agosto, agentes del DPS interrogaron al sospechoso en su centro de trabajo, oportunidad en la que admitió haber enviado los mensajes con el propósito de atemorizar al parlamentario, además de confirmar que tenía acceso a múltiples armas de fuego, incluyendo un rifle, una pistola y una escopeta.
A raíz de la confesión y los antecedentes del imputado —quien registra investigaciones previas en 2018 y 2023 por agresiones con armas e intimidaciones—, las autoridades dictaron cargos formales por amenazas terroristas contra un servidor público. El equipo de Talarico manifestó temor por su integridad física y reforzó sus esquemas de seguridad para los eventos de campaña en la región, mientras que los investigadores solicitaron que cualquier eventual fianza contemple monitoreo por GPS, evaluaciones de salud mental y prohibición absoluta de porte de armas.
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