La Embajada de los Estados Unidos en Asunción emitió este viernes un pronunciamiento oficial llamando a la calma en Paraguay, país que atraviesa una severa e inédita crisis institucional, política y financiera. A través de un comunicado y un mensaje difundido en la red social X, la representación diplomática estadounidense expresó su “solidaridad con el pueblo paraguayo durante la situación que atraviesa en este momento” y reiteró su rol como “amigo y aliado histórico de la República de Paraguay”. Sin anunciar medidas concretas de intervención o asistencia, el texto oficial subrayó la necesidad de “cordura social y sujeción constitucional”, alentando a que las autoridades y la ciudadanía mantengan la paz y respeten escrupulosamente los procesos democráticos e institucionales del país.
Este pronunciamiento internacional se produce en el contexto más crítico de la administración de Santiago Peña. El mandatario enfrenta un proceso de juicio político impulsado por el Congreso de la República, luego de que los legisladores rechazaran de plano su sorpresiva dimisión al cargo. La oposición parlamentaria interpretó la renuncia de Peña no como un acto de asunción de responsabilidades, sino como un subterfugio legal para acceder automáticamente al cargo honorífico de “senador vitalicio”. Según la Constitución paraguaya, los expresidentes que concluyen su mandato acceden a esta distinción que conlleva fueros de protección legal. Si el Parlamento avanza y lo destituye mediante el juicio político en curso, Peña perdería la posibilidad de conservar dicho aforamiento, quedando vulnerable ante posibles investigaciones penales. La tensión legislativa es alta: en un intento por blindar al mandatario, los legisladores oficialistas rompieron el cuórum de la sesión conjunta destinada a debatir la renuncia y activar la línea de sucesión, dejando a Peña formalmente en la Presidencia mientras avanza el proceso de destitución.
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El origen de esta tormenta política radica en un masivo descalabro financiero. La crisis estalló cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el proceso de resolución y cierre de Ueno Bank, una de las entidades financieras de más rápido crecimiento en el país. El BCP detectó que el índice de solvencia del banco se había desplomado por debajo del 50% del mínimo legalmente exigido, precipitando la congelación de los fondos de sus clientes. El impacto social y económico ha sido devastador: Ueno Bank administraba los recursos de más de 2,9 millones de clientes en un país de poco más de 6 millones de habitantes, operaba con fondos de pensiones y manejaba millonarias inversiones de entidades públicas. Su penetración social era tal que figuraba como principal patrocinador de la selección paraguaya de fútbol y de eventos masivos como el Mundial de Rally.
La indignación pública y legislativa se encendió debido a los profundos vínculos del presidente con la entidad fallida. Santiago Peña figuró como accionista de Ueno Holding, propietaria del banco, hasta marzo de 2025. Durante su gestión presidencial, el banco recibió inyecciones de millonarios recursos provenientes del Estado. Tras el colapso, la oposición ha acusado abiertamente al presidente de incurrir en graves conflictos de intereses, de permitir el uso indebido de los fondos de pensiones de los paraguayos y de intentar encubrir irregularidades financieras sistémicas en la gestión del banco. Son estos señalamientos directos los que sustentan el histórico juicio político que mantiene paralizada a la nación sudamericana.
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