El conjunto de reformas a cuatro leyes y la creación de una nueva Ley de Centros Penitenciarios para que pasen al control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y no estén en la Secretaría de Gobierno, plantea la incorporación de inteligencia al sistema penitenciario para prevenir los delitos que se planifican y organizan desde el interior de estos centros, por ejemplo, el secuestro y extorsión telefónica.
Así lo establece la exposición de motivos de la nueva Ley de Centros Penitenciarios que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Congreso local. El documento indica que “contempla un modelo de operación más vigoroso, articulado y coordinado, además contribuirá a tener un mayor control de los centros penitenciarios, centro de sanciones administrativas y de integración social y centros especializados”, argumenta.
Asimismo, contempla incrementar los mecanismos para la recopilación, análisis, procesamiento, intercambio, control y aprovechamiento de la información penitenciaria, así como reforzar los métodos, procedimientos, criterios e indicadores para evaluar en forma permanente el movimiento de la población penitenciaria y los factores criminógenos que inciden en el fenómeno delictivo en la Ciudad. Por lo que hace a los cuerpos de vigilancia en los penales, los denominados “custodios”, contempla una depuración a través de mayor supervisión y control del personal directivo, administrativo y operativo, “pues se reconoce que la estructura penitenciaria representa un factor de riesgo o cuenta con vínculos con organizaciones delictivas”.
Esta es una de las tres iniciativas que ayer envió al Congreso la jefa de Gobierno. La otras son la creación de una nueva Ley de Publicidad Exterior; otra, para reformar la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo. La primera busca prohibir los medios publicitarios en azoteas, mensajes adheridos al piso, colocar lonas en fachadas, así como el uso de drones para difundir publicidad, autos “unipolares” y difusión de mensajes sexistas o que promuevan violencia de género.
Además, aquella publicidad instalada, adherida o pintada en elementos arquitectónicos de las edificaciones, como ventanas, ventanales, fachada de cristal y puertas, y para quienes infrinjan la norma las multas irán de 89 mil 620 a 716 mil 960 pesos. Otra iniciativa es para reformar la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, donde propone una “ampliación significativa” en el plazo y tiempos de consulta del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, pasar de siete días para las convocatorias, a seis meses para la consulta. Con información de El Universal.
