La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) presentó el proyecto conjunto de colaboración con EUROsociAL+ denominado “Acompañamiento para el diseño de una Estrategia para la Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes” ante sus homólogas estatales.
Constanza Tort San Román, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, explicó que este esfuerzo “responde a la necesidad de implementar acciones específicas contra esta forma de violencia, por lo que se retoman buenas prácticas internacionales para aprovechar experiencias”.
Señaló que el diseño de un programa de trabajo para la estrategia contempla siete líneas principales: coordinación interinstitucional, armonización legislativa, formación para fortalecimiento de la protección, generación de datos, campañas de sensibilización, entornos seguros y servicios de denuncia y atención a víctimas.
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Constanza Tort San Román indicó que como base para este programa de trabajo se cuenta con un repositorio de buenas prácticas, resultado de un diagnóstico previo elaborado con información de autoridades, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales. “Se cuenta con un acervo de documentos, acciones y materiales relacionados con la prevención, atención y combate a trata con fines de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes”, destacó.
Recordó que desde diciembre de 2020 se trabaja con EUROSociAL+, que es un programa de cooperación entre la Unión Europea (UE) y América Latina que contribuye a mejorar los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional, mediante apoyo a procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, en este caso, para prevención y combate de la trata de niñas, niños y adolescentes.
Algunos objetivos del proyecto son: generar conocimiento sobre las necesidades de fortalecimiento de acciones de prevención contra la trata, con base en un diagnóstico de la situación en México, y contribuir a acciones de prevención con perspectiva de derechos y de género, para disminuir causas estructurales que exponen a niñez y adolescencia a ser víctimas de este delito.
También se busca contribuir a la coordinación de políticas públicas dirigidas a prevención y detección de casos de víctimas para fortalecer capacidades de actores de los tres órdenes de gobierno con responsabilidad en la materia. Con información de El Universal.
