La aprobación de la reforma eléctrica significará la “antítesis de la relación económica históricamente sólida entre Estados Unidos y México” y cerrará las puertas a la explotación de minerales estratégicos como el litio y el cobra empresas norteamericanas, señalaron senadores del Comité de Relaciones Exteriores del vecino país del norte.
En una carta enviada al secretario de Estados y a la secretaria de Energía de Estados Unidos, Antony Blinken y Jennifer Granholm fechada este martes 18 de enero, le piden al presidente Joe Biden que “exprese con más fuerza sus preocupaciones sobre la agenda perjudicial de combustibles fósiles del presidente de México López de Obrador”, porque hasta ahora, según informes públicos, “López Obrador interpreta el relativo silencio público de la administración Biden sobre este tema como indiferencia o tácito aprobación de la decisión de su gobierno de priorizar el desarrollo de combustibles fósiles sobre renovables energía”.
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A escasas horas de la visita de la encargada de la política energética de la Unión Americana a México, los congresistas Robert Mendez, Brian Schatz, Jeff Merkley y Tim Kaine, recomiendan encarecidamente a la secretaria Granholm “hacer de este tema un tema prioritario de discusión durante su visita a México”.
Le piden también “una actualización sobre las acciones que la administración de Biden está tomando para defender el tratado comercial con México y Canadá y contrarrestar la postura alcista y nacionalista del presidente López Obrador hacia el sector energético mexicano.
Los legisladores dan por hecho que el Congreso mexicano aprobará la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que se dará marcha atrás a la reforma energética de 2014, que permitió la inversión privada y extranjera en el sector energético de México y restableció el dominio de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el sector energético.
Con la promulgación de esta reforma, añaden, el gobierno mexicano cancelaría los permisos, contratos y certificados; eliminará las agencias reguladoras federales de energía que proporcionan controles y balances en empresas estatales de energía; le ofrece a CFE una garantía para controla al menos el 54% del mercado; a reorganización de las cuotas de producción de energía privadas y estatales para favorecer la producción de combustibles fósiles; y establecer al estado como único implementador de la transición de energía limpia de México.
Pero más preocupante, subrayan, es que resultaría perjudicial para las prioridades de la administración de Biden, pues los cambios legislativos que propone la reforma, “prohibirían concesiones para explotar minerales estratégicos como el litio y el cobre”.
Con información de El Universal
