Las empresas estadounidenses fabricantes de armas, que México demandó ante la corte federal de Boston, Massachusetts, pidieron más tiempo para responder los argumentos de la Cancillería mexicana que insiste en que el litigio no debe frenarse.
La Cancillería de México informó que ayer 14 de marzo las empresas demandadas solicitaron una ampliación de plazo para presentar su contrarréplica al gobierno mexicano.
“El calendario procesal original preveía que su respuesta fuera sometida el 28 de febrero pasado, pero la contundencia de los argumentos legales del gobierno de México y el amplio apoyo recibido a través de escritos de amigos de la Corte [amicus curiae] les obligó a esta ampliación”, señaló la Cancillería a través de un comunicado.
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En el litigio, México ha argumentado que estas empresas han incurrido en prácticas negligentes de negocios que favorecen el tráfico ilegal de armas al país.
Por ello, intentaron que la demanda sea desestimada, pero el pasado 31 de enero el gobierno de México presentó diversos argumentos para sostener la vigencia del litigio.
Las empresas estadounidenses cuestionaron la capacidad del gobierno de México para demandar en Massachusetts y el vínculo de sus acciones con el daño ocasionado por las armas que venden y que llegan ilegalmente a territorio mexicano.
“Insisten en argumentar que la ley Protection of Lawful Commerce in Arms [PLCAA] les ofrece inmunidades, aun cuando los hechos delictivos ocasionados con sus armas hayan ocurrido fuera de Estados Unidos”, precisó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Alcance de la ley va más allá del territorio estadounidense, consideran. En su respuesta, México indicó que el Congreso de Estados Unidos, al legislar, considera que las leyes que realiza sólo tienen alcance en su territorio, pero que la intención real es que la aplicación de las mismas vaya más allá del país; “lo manifiestan de manera explícita en la ley”.
Por ello, sostuvo que la PLCAA no ofrece inmunidad a las empresas fabricantes de armas demandadas por los daños provocados por los hechos delictivos cometidos con sus productos en México. En su réplica, nuestro país incluyó un reporte de expertos en derecho mexicano para sostener que la ley sustantiva aplicable al caso es la de México, porque el daño reclamado ocurrió en territorio nacional.
Solicitan avanzar en el litigio. Además, presentó un análisis econométrico para establecer el número de armas de fuego traficadas ilícitamente a México en los últimos años, y que se vinculan con Massachusetts y con las empresas demandadas; en el reporte se establece que esta cifra asciende a más de 250 mil armas en los últimos 10 años.
Solicitó al juez la oportunidad de avanzar en el litigio para que en la etapa de producción de pruebas se pueda conocer información adicional de las empresas demandadas sobre el número de armas traficadas a México y rastreadas hasta Massachusetts.
Con información de El Universal
