El juez Robert Summerhays del Tribunal del Distrito Oeste de Louisiana escucha hoy los argumentos sobre si la administración Biden puede poner fin a las deportaciones exprés bajo la norma sanitaria conocida como el Título 42, que empezó en la administración del entonces mandatario Donald Trump al inicio de la pandemia de coronavirus.
A principios de abril los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron planes para rescindir la orden.
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Los centros dijeron que la medida ya no es necesaria dadas las condiciones actuales de salud pública y la mayor disponibilidad de vacunas y tratamientos para el Covid-19. La política estaría programada para finalizar el 23 de mayo.
Arizona, Louisiana y Missouri, cuya demanda está ante el juez este viernes, llevaron la pelea por el Título 42 a los tribunales el mes pasado, argumentando que no se habían seguido los procedimientos adecuados cuando la administración anunció el fin de la medida y que la administración no había proporcionado una explicación satisfactoria para terminarlo, reportó CNN. Más de una docena de estados liderados por el Partido Republicano se unieron a la demanda.
Mientras, el juez Summerhays resolvió en la semana prorrogar la orden temporal, que expiraba el 13 de mayo, de suspender los preparativos para levantar el Título 42.
Esto supone únicamente que se suspenden los preparativos para rescindir esa norma sanitaria, que la administración de Biden quiere levantar a partir del 23 de mayo, a falta de que el juez decida si finalmente da luz verde o no para hacerlo.
En el pasado, Summerhays argumentó: “Considero que los estados demandantes han demostrado una probabilidad de éxito sobre el fondo con respecto a, como mínimo, su reclamo de que la orden de rescisión del 1 de abril no se emitió de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo”.
Designado por el presidente Donald Trump, Summerhays escribió el mes pasado que eliminar las restricciones antes del 23 de mayo infligiría “costos irrecuperables en atención médica, aplicación de la ley, detención, educación y otros servicios” en los estados que buscan mantener la política vigente, reportó NBC Chicago.
“Lo que estamos discutiendo es que no han hecho esto de la manera correcta en primer lugar. No han tenido un periodo de notificación y comentarios, si quisieras rescindir esto en absoluto”, dijo el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, en una entrevista con FOX News el mes pasado.
NPR recordó que si el juez Summerhays concede esa solicitud de los estados, la administración de Biden podría apelar. Pero la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que toma casos tanto de Louisiana como de Texas, no ha sido amigable con la administración de Biden.
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NPR también citó a Karen Tumlin, directora de la organización Justice Action Center, quien recordó que “hasta la fecha, estos estados han presentado no menos de 17 demandas que impugnan las medidas de inmigración del presidente Biden”, y las entidades están utilizando los tribunales para “mantener en el cargo a una administración de Trump en la sombra en temas de inmigración”, dijo.
Pese a la demanda ante la Justicia, Biden presentó en abril un plan de seis puntos para reforzar la frontera con México con 600 efectivos adicionales para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
Con información de El Universal
