Un gran jurado federal en Austin presentó una acusación contra siete individuos por conspiración para cometer fraude postal y electrónico; además de otros delitos derivados de su plan para defraudar al IRS utilizando identidades robadas.
Según la acusación, desde 2018 hasta 2021, Abraham Yusuff (de Round Rock), Meghan Inyang (de San Antonio), Christopher Eduardo (de Round Rock), Christian Mathurin (de Nashville, Tennessee), Dillon Anozie (de San Antonio), Babajide Ogunbanjo (de Austin), y Aydin Mammadov (de Houston), participaron en una conspiración para reclamar devoluciones de impuestos fraudulentas utilizando las identidades robadas. Los acusados habrían presentado al menos 371 declaraciones de impuestos falsas al IRS para un total de más de $111 millones de dólares en devoluciones.
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Yusuff, quien fue la cabeza de la operación y otros presuntamente se registraron en el IRS, haciéndose pasar por agentes autorizados de múltiples contribuyentes utilizando información robada. A continuación, los conspiradores supuestamente ordenaron al IRS que cambiara las direcciones registradas de los contribuyentes y que enviara su información fiscal, incluidas las transcripciones de cuentas y los registros salariales, a las direcciones controladas por los conspiradores.
Univisión señaló que utilizaron la información para presentar electrónicamente declaraciones de impuestos reclamando reembolsos fraudulentos y ordenaron al IRS que dividiera los reembolsos entre varias tarjetas de débito prepagadas. Antes de emitir los reembolsos de impuestos a algunos contribuyentes, el IRS supuestamente envió cartas de verificación a las direcciones controladas por los acusados, y los acusados, haciéndose pasar por los contribuyentes, dieron instrucciones al IRS para liberar los reembolsos.
Los siete acusados enfrentan diversos delitos, entre ellos: fraude postal y electrónico, conspiración para cometer fraude postal y electrónico, usurpación de identidad con agravantes, blanqueo de capitales y fraude de dispositivos de acceso. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión por el fraude postal y electrónico y la conspiración de dicho fraude, 20 años por blanqueo de capitales, 10 años por fraude de dispositivos de acceso y una pena obligatoria de dos años por usurpación de identidad con agravantes. Además de cualquier pena de prisión, cada uno de los acusados se enfrenta también a un período de libertad supervisada, sanciones pecuniarias, restitución y decomiso.
