El procurador general Paxton se unió a dos escritos amicus curiae similares presentados por Virginia ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Carolina del Sur en defensa de las libertades religiosas de las agencias de adopción y cuidado de crianza que brindan servicios que cambian la vida de niños y familias en todo el país.
Los escritos amicus fueron presentados en defensa de una agencia religiosa de acogida en Carolina del Sur llamada Miracle Hill, que es una organización protestante que fue demandada por el papel que desempeñan sus puntos de vista cristianos en el servicio a la comunidad y el cumplimiento de su misión de ayudar a los niños. Como organización basada en la fe, Miracle Hill tiene ciertos requisitos para los padres de crianza temporal que buscan asociarse con la organización, que están protegidos por la ley y la Constitución de los Estados Unidos.
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Las agencias como Miracle Hill brindan un servicio invaluable y actúan de acuerdo con la Constitución, como establece el escrito en Eden Rogers v. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos: agencias] para hacer frente a la crisis de acogida, el gobierno no viola la Cláusula de Establecimiento. De hecho, la Corte Suprema ha dejado en claro recientemente que la Cláusula de Establecimiento no solo permite adaptaciones de agencias religiosas de acogida, sino que en muchas circunstancias la Cláusula de Libre Ejercicio requiere dichas adaptaciones”.
Un fallo en contra de Miracle Hill también podría tener consecuencias negativas para las agencias religiosas en todo el país, como establece el escrito en Aimee Maddonna v. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos: “El resultado de este litigio, y la respuesta de este Tribunal a la Cuestionarse si las agencias gubernamentales pueden contratar entidades privadas para brindar servicios de cuidado de crianza mientras permiten que esas entidades privadas operen de manera consistente con sus creencias religiosas profundamente arraigadas, podría afectar el trabajo de los Estados con proveedores de bienestar infantil tanto religiosos como no religiosos”.
El Procurador General Paxton presentó previamente una demanda para evitar que la Administración Biden hiciera cumplir una regla que obligaría a ciertos servicios religiosos de crianza y adopción a violar sus creencias religiosas para recibir fondos federales.
