El procurador general Paxton se unió a un informe liderado por Georgia que solicita a la Corte Suprema de los EE. UU. aclarar el marco legal sobre cuándo se otorgarán los honorarios de los abogados a las “partes prevalecientes” en juicios civiles.
Específicamente, el informe aborda la situación en la que una parte obtiene una orden judicial preliminar pero no una determinación final sobre el fondo del caso que presentó. Esto es de suma importancia para los estados, ya que los funcionarios estatales suelen ser los acusados en tales casos. Y, en muchos casos, un estado puede resolver las inquietudes o los desafíos legales de un demandante después de que se haya emitido la orden judicial preliminar, lo que descarta la continuación del caso.
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Los tribunales de circuito no han brindado una guía clara sobre si otorgar honorarios de abogados a los demandantes en estas situaciones, razón por la cual la coalición insta a la Corte Suprema a aclarar esta costosa confusión. Hacerlo ayudará a brindar orientación a los estados sobre qué pasos legales protegerán mejor el dinero de los contribuyentes.
El escrito amicus establece: “Si las acciones del estado lo expondrán a una adjudicación de honorarios sustanciales, el estado debe saberlo con anticipación para que pueda tomar una decisión informada sobre si continuar con la demanda. Sin reglas claras que guíen esa decisión, los Estados se ven obligados a jugar con dinero público. Por lo tanto, los Estados amici instan a esta Corte a intervenir y aclarar esta cuestión para que los Estados puedan tomar decisiones sólidas sobre litigios y políticas en nombre del público”.
