El Gobierno mexicano hizo público este miércoles su rechazo a las medidas antiinmigrantes que pretendan detener el flujo de personas, mediante su criminalización, tras la iniciativa de Ley SB4 aprobada el martes por el Congreso del estado de Texas, fronterizo con México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) denunció en un comunicado que dichas normas resultarán en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales.
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El Gobierno mexicano apuntó que “reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir” las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio, pero “respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus connacionales en Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”.
Con información de La Vanguardia.
