La detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien este miércoles cumple cinco días privada de libertad, encendió las alarmas de la comunidad internacional y de organizaciones defensoras de derechos humanos que condenan la acción y exigen la liberación de la también abogada.
En las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales, manifestaron su preocupación por la detención de San Miguel, a quien la Fiscalía vincula “presuntamente” con una trama conspirativa.
Un pronunciamiento similar vino del Gobierno de Estados Unidos, que dijo estar “profundamente preocupado” por la detención de la activista y urgió al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a cumplir con los acuerdos para mejorar la democracia en el país.
La activista fue detenida el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, pero su arresto fue confirmado por el fiscal general, Tarek William Saab, el domingo, día hasta el cual no se conoció su paradero, por lo que su defensa calificó su estado como “desaparición forzosa”.
Con información de EFE
