El martes 6 de febrero entró en vigor la ley estatal SB-4, una de varias medidas de seguridad fronteriza aprobada en una sesión especial de la Legislatura de Texas con el fin de elevar las sanciones por tráfico humano y para quien opere una casa de seguridad para migrantes.
Cuando el Gobernador Greg Abbott firmó esta ley el 21 de noviembre, dijo que ayudaría a detener la ola de migrantes que ingresaban ilegalmente a Texas, con más fondos para el muro fronterizo y mayor castigo por el tráfico de personas. Las penas por el transporte de inmigrantes indocumentados van desde multas de hasta $10.000 dólares “hasta un mínimo de 10 años de cárcel para aquellas personas que son involucradas con el contrabando de personas, específicamente el transporte de personas con fines de lucro”, dijo Wendy Rodríguez, abogada de inmigración.
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Pero también habrá consecuencias para quien opere un escondite para migrantes en Texas, en estos casos la pena será de cinco años en prisión. Rodríguez sabe que algunas de estas leyes enfrentan el escrutinio de las cortes y al menos dos demandas: “Simplemente están congeladas porque no ha surgido el primer caso de víctima de estas nuevas propuestas de ley. En el momento que surge la primera víctima de los nuevos cambios de ley, específicamente la que se haría efectiva el día de hoy, estas demandas tomarían efecto”.
Por su parte, miembros del activismo advierten que la nueva ley pone en riesgo a familias con estatus migratorio mixto y que las autoridades podrían realizar detenciones simplemente por transportar a algún familiar indocumentado.
Con información de Telemundo.
