En una pérdida para la administración Biden, la Corte Suprema dictaminó este viernes que la prohibición federal de las “culatas de choque”, accesorios para armas que permiten que los rifles semiautomáticos disparen más rápidamente, es ilegal. En un fallo de 6 a 3 sobre líneas ideológicas, con la mayoría de los conservadores en el tribunal, el tribunal sostuvo que una ley de casi 100 años de antigüedad destinada a prohibir las ametralladoras no puede interpretarse legítimamente como si incluyera armas de choque.
En nombre de la mayoría, el juez Clarence Thomas dijo que un arma de fuego equipada con el accesorio no cumple con la definición de “ametralladora” según la ley federal.
El fallo provocó un vigoroso desacuerdo de la jueza liberal Sonia Sotomayor.
“Cuando veo un pájaro que camina como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, lo llamo pato”, escribió. Sotomayor también tomó la rara medida de leer un resumen de su disidencia en el tribunal.
Incluso con la prohibición federal fuera de escena, las existencias de refuerzo aún no estarán disponibles en todo el país. Dieciocho estados ya las han prohibido, según Everytown for Gun Safety, un grupo sin fines de lucro para el control de armas. El Congreso también podría actuar.
La administración Trump impuso la prohibición después del tiroteo masivo en Las Vegas en 2017, en el que Stephen Paddock utilizó armas de fuego equipadas con culata para abrir fuego en un festival de música country, matando inicialmente a 58 personas.
En 2019, la Corte Suprema se negó a bloquear el reglamento. El tribunal, ya conservador, se ha inclinado aún más hacia la derecha desde entonces, y la jueza conservadora Amy Coney Barrett, designada por Trump, reemplazó a la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg, quien murió en 2020.
Los conservadores ahora tienen una mayoría de 6-3 que ha respaldado el derecho a portar armas en casos anteriores.
La Ley Nacional de Armas de Fuego se promulgó en 1934 para regular las ametralladoras en respuesta a la violencia de los gánsteres de la era de la Prohibición.
La demanda fue presentada por el propietario de armas con sede en Texas, Michael Cargill, un comerciante autorizado que poseía dos cargadores antes de que la prohibición entrara en vigor y luego los entregó al gobierno.
Con información de Telemundo.
