En una decisión que ha generado controversia, la administración Trump ha pedido al Tribunal Supremo que active la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, con el objetivo de deportar a venezolanos sin el debido proceso. Esta acción se produce tras la polémica expulsión de 200 venezolanos a El Salvador, medida que ha sido objeto de críticas.
La Administración de Donald Trump presentó una solicitud de emergencia al máximo tribunal estadounidense después de que una corte del circuito federal de apelaciones mantuviera en vigor el bloqueo temporal al uso de esta ley dictado por el juez James Boasberg el pasado 15 de marzo.
La argumentación de la Administración es que se trata de una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para ser resuelta en tribunales de menor instancia.
El escrito del gobierno señala que la Constitución deja claro que la competencia sobre seguridad nacional recae de manera indudable sobre el presidente y pide levantar el bloqueo judicial.
El magnate neoyorquino ha asegurado que la banda transnacional Tren de Aragua, a la que acusa de haberse infiltrado en el gobierno de Nicolás Maduro, está invadiendo el país e invocó ese 15 de marzo la ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798 no usada desde la Segunda Guerra Mundial, que permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa.
Ese mismo día, pese a la orden judicial de Boasberg, tres aviones fletados por el Gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a unos 200 venezolanos, a los que las autoridades acusan de ser miembros de Tren de Aragua, que fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión salvadoreña de máxima seguridad.
Con información de EFE
