Las detenciones de decenas de opositores marcan la campaña en Venezuela, donde las autoridades también han actuado con sanciones como cierres de negocios que atendieron a líderes antichavistas de gira política por el país, o retención de equipos de trabajo como motos, pequeñas embarcaciones o equipos de sonido, entre otros, cuando faltan 13 días para las elecciones presidenciales.
Las sanciones se argumentan con supuestas irregularidades de registros o retrasos en pagos de impuestos, todos coicidiendo con aquellos negocios o personas que prestaron servicio al candidato de la mayor coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, o a su mayor valedora, la líder antichavista María Corina Machado.
Este lunes, organizaciones no gubernamentales y miembros de la PUD alertaron sobre el incremento de la “persecución” política en el país, por la que responsabilizan al Gobierno, mientras que el chavismo insiste, entre insultos, en endosarles a sus adversarios supuestos planes violentos.
