La organización Human Rights Watch (HRW) exhortó este martes al Gobierno mexicano a eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, y a erradicar las barreras legales y sociales que obstruyen el acceso a la interrupción segura del embarazo en todo el país.
Con el foco en el Estado de México, el más poblado del país y donde el aborto sigue prohibido en el Código Penal estatal, salvo excepciones, HRW documentó que las autoridades y proveedores de salud no garantizan el acceso, “incluso en los casos comprendidos bajo las causales establecidas en la legislación local”.
Así, la organización recordó que el Congreso de la Unión tenía como plazo límite el término del 2023 para “eliminar la prohibición del aborto del Código Penal Federal, de acuerdo con el Amparo 267/2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de septiembre” pasado.
Hasta ahora, 15 estados han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (y en Sinaloa, 13), en sintonía con la reciente sentencia de la Corte que determinó que prohibir la interrupción del embarazo viola los derechos a la dignidad humana, autonomía reproductiva, salud e igualdad, entre otros.
No obstante, “el aborto se encuentra criminalizado en todos los códigos penales (1 federal y 32 estatales), pero en cada estado existen ciertas causales en donde no se penaliza”, recapitula el informe de 49 páginas, ‘Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México’.
Entre estas excepciones, la única reconocida en todos los códigos penales es el aborto por violación, pero las dificultades para acceder a este servicio en el Estado de México persisten, según registró HRW.
Los obstáculos “incluyen proveedores de atención de la salud que niegan o postergan servicios, no transmiten información necesaria, cuestionan la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, maltratan a las mujeres, e imponen requisitos arbitrarios que contradicen las leyes y reglamentaciones vigentes”.
“Delito borra delito”
El informe rescata el caso de Ana, quien quedó embarazada tras una violación e intentó abortar en un hospital público del Estado de México, donde, según contó a HRW, “la primera vez que intentó obtener un aborto, un médico le informó que no prestaban este servicio”.
Posteriormente, Ana accedió a un aborto con medicamentos en la vecina Ciudad de México, al igual que más de 72.000 personas que desde 2007 se han visto forzadas a desplazarse a la capital para interrumpir el embarazo, tal como documentó HRW.
“Cuando Ana acudió a la Fiscalía para denunciar el hecho de violencia sexual, le dijeron que no podía denunciarlo ‘porque se había hecho un aborto y eso es un delito, y un delito borra otro delito’”, expuso la ONG, que encontró “otros casos de mujeres que refirieron una retórica similar en la Fiscalía”.
Asimismo, la organización advirtió que “el temor a la criminalización también disuade al personal de salud de prestar servicios de aborto y a las personas de buscar dichos servicios”.
La criminalización se refleja en las 740 investigaciones penales iniciadas por el delito de aborto en la Fiscalía del Estado de México, entre enero de 2018 y marzo de 2023, pese a que los jueces no pueden condenar abortos en la etapa temprana del embarazo, según dictaminó la SCJN en 2021.
