Estados Unidos
ICE violando derechos de indocumentados
Los videos de personas siendo detenidas por agentes encubiertos sin que se vea que muestren alguna orden circulan en redes
Desde la asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, su administración ha implementado una serie de medidas destinadas a intensificar las deportaciones de inmigrantes indocumentados en el país. Estas acciones han generado un clima de incertidumbre y temor entre las comunidades migrantes y han suscitado debates a nivel nacional e internacional.
Operaciones de deportación masiva
Una de las primeras iniciativas fue la puesta en marcha de la “Operación Safeguard” el 21 de enero de 2025. Este plan, liderado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tiene como objetivo la detención y expulsión rápida de inmigrantes indocumentados en áreas urbanas, especialmente en las llamadas “ciudades santuario” que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración. Las redadas iniciales se han centrado en personas con antecedentes de crímenes violentos, aunque se ha reportado que individuos sin historial delictivo también han sido afectados.
El presidente Trump ha establecido metas ambiciosas para estas operaciones, buscando alcanzar entre 1,200 y 1,500 arrestos diarios. Sin embargo, hasta principios de febrero, las cifras han oscilado entre 800 y 1,000 detenciones diarias, según informes oficiales. Esta diferencia entre los objetivos y los resultados reales se ha atribuido a limitaciones en los recursos y personal del ICE, así como a una disminución en el número de migrantes cruzando ilegalmente la frontera desde la asunción de Trump.
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Uso de recursos militares y cambios en políticas
La administración ha recurrido a recursos militares para agilizar las deportaciones. Se han utilizado aviones de transporte militar para repatriar a migrantes, lo que ha generado críticas debido al alto costo asociado con estos vuelos en comparación con opciones comerciales. Además, se ha autorizado a agentes de diversas agencias federales, como la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Alguaciles de EE.UU., a desempeñar funciones de oficiales de inmigración, ampliando así la capacidad operativa del ICE.
En el ámbito de las políticas migratorias, Trump ha firmado la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Protegiendo al Pueblo Americano Contra la Invasión”. Esta orden amplía el uso de la “remoción expedita”, permitiendo la deportación de individuos sin una audiencia judicial, y busca imponer sanciones a las jurisdicciones que se nieguen a cooperar con las autoridades federales de inmigración. Además, introduce penas para inmigrantes que no se registren como indocumentados y restringe su acceso a beneficios públicos.
Impacto en comunidades y relaciones internacionales
Estas medidas han generado un clima de temor e incertidumbre entre las comunidades inmigrantes. Se han reportado casos de personas que evitan acudir a sus lugares de trabajo, escuelas o centros de salud por miedo a ser detenidas. Organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios han expresado su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos y han instado a los inmigrantes a conocer sus derechos y a buscar asesoría legal.
A nivel internacional, las políticas de deportación han tensado las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con varios países. Un caso destacado es el de Colombia, donde el presidente Gustavo Petro inicialmente se negó a aceptar vuelos con deportados en aviones militares estadounidenses, lo que derivó en una breve crisis diplomática. Tras negociaciones, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para permitir la repatriación en condiciones acordadas por ambas partes.
Controversias y desafíos legales
La implementación de estas políticas ha enfrentado desafíos legales y críticas por parte de diversos sectores. La eliminación de protecciones en “locaciones sensibles” como escuelas, hospitales e iglesias ha sido particularmente controvertida, ya que estas áreas habían sido consideradas refugios seguros para inmigrantes indocumentados. Además, la intención de redefinir la ciudadanía por nacimiento ha sido bloqueada temporalmente por decisiones judiciales, lo que indica una probable batalla legal prolongada sobre este y otros aspectos de la política migratoria de la administración Trump.
En resumen, desde enero de 2025, las deportaciones en Estados Unidos han aumentado significativamente bajo la dirección de la administración Trump. Estas acciones han tenido repercusiones profundas en las comunidades inmigrantes, en las relaciones internacionales y han suscitado debates legales y éticos sobre la aplicación y el alcance de las políticas migratorias en el país.
