El 5 de febrero de 2025, un juez federal bloqueó temporalmente una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. Esta orden pretendía negar la ciudadanía a los niños nacidos en el país cuyos padres estuvieran en Estados Unidos sin autorización legal o con visas temporales. La decisión del juez marca el inicio de una serie de batallas legales en torno a este controvertido tema.
Desde su primer mandato, el presidente Trump ha expresado su intención de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos desde 1868. Esta enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen”. La orden ejecutiva firmada por Trump buscaba reinterpretar esta cláusula, argumentando que aquellos en el país sin autorización legal o con estatus temporal no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, y por lo tanto, sus hijos nacidos en el país no deberían recibir automáticamente la ciudadanía.
La orden ejecutiva fue recibida con una oleada de desafíos legales. Un total de 22 estados, junto con varias organizaciones de derechos de los inmigrantes, presentaron demandas argumentando que la orden violaba la 14ª Enmienda y excedía la autoridad presidencial. El juez federal John C. Coughenour, con sede en Seattle, fue el primero en pronunciarse, emitiendo una orden de restricción temporal que bloquea la implementación de la orden ejecutiva durante 14 días, citando su aparente inconstitucionalidad.
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De implementarse, la orden ejecutiva tendría profundas implicaciones. Los niños nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus legal o con visas temporales podrían ser considerados no ciudadanos, lo que los haría susceptibles a la deportación y potencialmente apátridas. Esto les negaría derechos fundamentales, como la participación en la vida económica y cívica del país, incluyendo el derecho al trabajo, al voto y a postularse para ciertos cargos públicos.
El Departamento de Justicia ha defendido la orden ejecutiva refiriéndose a casos históricos, como la ciudadanía de los nativos americanos antes de 1924, para argumentar que el nacimiento en Estados Unidos no garantiza automáticamente la ciudadanía. Sin embargo, muchos académicos y defensores de los derechos civiles rechazan esta comparación, señalando que la 14ª Enmienda fue diseñada explícitamente para garantizar la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Se han programado audiencias adicionales para evaluar la legalidad de la orden ejecutiva. Una audiencia clave está prevista para el 6 de febrero, donde se considerará una posible orden judicial preliminar que podría bloquear la orden ejecutiva de manera más prolongada mientras continúan los procedimientos legales. El Departamento de Justicia ha declarado su intención de defender vigorosamente la orden ejecutiva en los tribunales.
La controversia en torno a la orden ejecutiva del presidente Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento subraya las profundas divisiones en Estados Unidos respecto a la inmigración y la interpretación constitucional. A medida que avanzan las batallas legales, el país espera con atención las decisiones judiciales que determinarán el futuro de este principio fundamental de la ciudadanía estadounidense.
