Austin
Leyes podrían afectar supervisión policial
Proyectos de ley en Texas podrían limitar el acceso público a registros policiales, afectando la Ley de Supervisión Policial de Austin.
Dos proyectos de ley en la legislatura de Texas podrían impactar la implementación de la Ley de Supervisión Policial de Austin, una ordenanza aprobada por los votantes en 2023 con el objetivo de garantizar el acceso público a los registros policiales.
El Proyecto de Ley 781 del Senado y el Proyecto de Ley 2486 de la Cámara de Representantes, promovidos por los republicanos Phil King y Cole Hefner, respectivamente, buscan exigir que los departamentos de policía mantengan registros de personal exentos de solicitudes de acceso público. Estos registros incluirían documentos sobre presuntas malas conductas de oficiales cuando no existan pruebas suficientes para sustentar una acusación.
Actualmente, la legislación estatal permite, pero no obliga, a los departamentos de policía a conservar estos archivos, conocidos como “registros de archivo G”. La Ley de Supervisión Policial de Austin estableció que estos registros deben ser accesibles al público bajo la Ley de Información Pública de Texas, lo que llevó a una disputa legal que terminó con el cumplimiento de la ordenanza por parte de la ciudad.
Si estos proyectos de ley se aprueban, podrían anular las disposiciones de transparencia establecidas por la Ley de Supervisión Policial, restringiendo el acceso público a documentos relacionados con la conducta de los oficiales, incluso en casos donde las acusaciones no pudieron ser probadas.
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Durante una audiencia en el Comité de Justicia Penal del Senado, el senador demócrata Borris Miles expresó su preocupación de que la intención de la propuesta sea encubrir información. “Creo que este proyecto de ley busca ocultar aún más estos registros”, cuestionó Miles al senador King. Este último negó dicha intención, aunque el debate sobre la transparencia sigue abierto.
Por otro lado, defensores de los derechos civiles y organizaciones como el Proyecto de Derechos Civiles de Texas y Equity Action han manifestado su oposición a estos proyectos de ley. Argumentan que limitar el acceso a estos registros debilita la rendición de cuentas y la confianza en las fuerzas del orden.
Mark Moonesinghe, activista cuya familia sufrió la pérdida de un ser querido a manos de la Policía de Austin en 2022, también testificó en contra de la legislación. “Es crucial abordar las preocupaciones sobre la divulgación de información personal, pero no a costa de la transparencia y la rendición de cuentas”, afirmó.
Por el contrario, representantes de las fuerzas del orden han defendido los proyectos de ley como una medida para estandarizar los códigos de conducta en todo el estado y proteger la privacidad de los oficiales en comunidades donde no se aplican las mismas regulaciones que en Austin. Jennifer Szimanski, de las Agencias Combinadas de Aplicación de la Ley de Texas, insistió en que la propuesta no alteraría la forma en que los departamentos de Fort Worth o Austin manejan estos registros.
Los proyectos de ley aún están bajo revisión y no han sido sometidos a votación final en sus respectivos comités. Mientras tanto, el debate continúa en torno a la necesidad de equilibrar la privacidad de los oficiales con la transparencia y la confianza pública en las instituciones de seguridad. El resultado de esta legislación podría tener implicaciones significativas en la supervisión policial no solo en Austin, sino en todo el estado de Texas.
