Cuatro años después de la aprobación de una prohibición casi total del aborto en Texas, tres nuevos proyectos de ley en el Senado podrían modificar de manera significativa la legislación sobre salud reproductiva en el estado. Estas iniciativas, discutidas por el Comité de Asuntos Estatales del Senado el jueves, buscan aclarar las exenciones médicas, restringir el uso de fondos públicos y prohibir el acceso a medicamentos abortivos.
El Proyecto de Ley 31 del Senado propone modificar el lenguaje legal actual eliminando el término “potencialmente mortal”. En su lugar, permitiría a los médicos ofrecer abortos si, a su juicio profesional, el embarazo representa un riesgo significativo de muerte o un deterioro grave de la salud de la embarazada. Además, establece que los médicos no están obligados a retrasar, alterar o suspender tratamientos por temor a represalias legales.
El senador Bryan Hughes, republicano por Mineola y autor de la iniciativa, defendió que la legislación original ya contemplaba estas situaciones, pero que se busca brindar mayor seguridad jurídica a los médicos. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos reproductivos han manifestado su preocupación por la ambigüedad de la medida.
“No hay dos embarazos iguales, por lo que no podemos esperar que una norma general se aplique a todos los casos”, afirmó Amanda Zurawski, quien demandó al estado tras sufrir complicaciones graves por no recibir un aborto oportuno.
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El Proyecto de Ley Senatorial 33, presentado por la senadora Donna Campbell, republicana por New Braunfels, prohibiría el uso de fondos públicos para ayudar a mujeres a viajar fuera de Texas en busca de un aborto. La propuesta responde directamente a la decisión del Ayuntamiento de Austin de destinar $400,000 para estos fines en su presupuesto municipal del 2024.
Esta medida ha sido criticada por líderes locales, entre ellos la alcaldesa pro tempore de Austin, Vanessa Fuentes, quien reafirmó su compromiso de apoyar la salud reproductiva dentro de los límites legales. “Todas las personas merecen el derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo sin interferencia gubernamental”, declaró Fuentes.
El tercer proyecto, el Proyecto de Ley Senatorial 2880, también impulsado por el senador Hughes, busca penalizar la distribución de medicamentos abortivos en Texas. La iniciativa tipificaría como delito el “ayudar o instigar abortos mediante pastillas” y permitiría demandas civiles contra distribuidores, siguiendo el modelo de la Ley del Latido del Corazón.
“Este proyecto no penaliza a la madre, pero sí responsabiliza a quienes envían estos medicamentos que ponen en peligro a las mujeres”, afirmó Hughes durante la audiencia.
Las tres iniciativas han generado intensos debates tanto en el Senado como entre la opinión pública. Si son aprobadas, podrían reforzar las restricciones al aborto en Texas y marcar un nuevo precedente en la regulación de la salud reproductiva en Estados Unidos. Mientras tanto, grupos defensores de derechos reproductivos y organizaciones médicas continúan analizando las posibles consecuencias de estas reformas.
