Una partera del área de Houston, identificada como María Margarita Rojas, de 48 años, fue arrestada bajo cargos de realizar abortos ilegales y ejercer la medicina sin licencia, según informó el fiscal general de Texas, Ken Paxton. Se trata de los primeros cargos criminales presentados en el estado bajo la prohibición casi total del aborto.
Rojas, quien se hacía llamar “Dra. María”, operaba una red de clínicas en Waller, Cypress y Spring. Según un comunicado de la oficina de Paxton, en estos establecimientos se contrataban personas sin licencia médica que se hacían pasar por profesionales de la salud. Además, la partera presuntamente realizaba procedimientos de aborto en violación de las leyes estatales, lo que podría llevarla a enfrentar hasta 20 años de prisión.
El caso fue remitido por el fiscal de distrito del condado de Waller, Sean Whittmore, a la oficina del fiscal general. Hasta el momento, las clínicas de Rojas no han respondido a las solicitudes de información sobre el caso.
Desde la entrada en vigor de la ley estatal que prohíbe casi todos los abortos, Texas solo permite la interrupción del embarazo en circunstancias extremas para salvar la vida de la madre. Sin embargo, la legislación protege a las mujeres que buscan abortar, asegurando que no sean procesadas por interrumpir su embarazo.
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“En Texas, la vida es sagrada. Siempre haré todo lo posible para proteger a los no nacidos y garantizar que quienes pongan en peligro la vida de las mujeres al realizar abortos ilegales sean procesados”, declaró Paxton.
Los cargos que enfrenta Rojas incluyen la realización de abortos ilegales, un delito grave de segundo grado, y el ejercicio ilegal de la medicina. De ser hallada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel.
El arresto de Rojas se da en medio de un ambiente de creciente vigilancia sobre las leyes de aborto en Texas. Las autoridades han intensificado los esfuerzos para hacer cumplir las regulaciones y sancionar a quienes infrinjan la prohibición.
La investigación sigue en curso, y las autoridades han pedido a cualquier persona con información relevante que se comunique con el Departamento de Justicia de Texas.
