La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su ofensiva migratoria, centrada en el arresto y la deportación de criminales violentos y presuntos miembros de pandillas. Este enfoque agresivo forma parte de los esfuerzos por reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos, priorizando la expulsión de migrantes sin autorización en el país que tienen antecedentes criminales o están relacionados con actividades de pandillas.
La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha destacado la detención de varios criminales peligrosos durante sus operativos. Esta semana, agentes de ICE arrestaron a Gregori Romero, un ciudadano dominicano que se encontraba sin permiso en el país. Romero, quien ya había sido arrestado en Boston por cargos de agresión sexual, violencia doméstica y otros delitos, ahora está bajo custodia de ICE. De manera similar, Raymundo Guetiérrez-Castañeda, ciudadano mexicano, fue expulsado después de ser condenado por intento de violación infantil y agresión con un arma mortal.
Además, se registraron más arrestos, como el de Mauricio Ramírez-Zavala, un ciudadano mexicano que enfrentaba cargos de tráfico de drogas y abuso de menores. También se deportó a Abduraiim Mamasharipov, ciudadano de Uzbekistán, condenado por delitos graves, incluido el tráfico sexual infantil.
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La administración de Trump ha hecho especial énfasis en la persecución de miembros de pandillas. En las últimas semanas, ha aumentado la presión sobre organizaciones como MS-13 y el Tren de Aragua, al agregarlas a la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida otorga a las fuerzas federales más recursos para rastrear y desmantelar las operaciones de estas pandillas. Como resultado, los arrestos de presuntos miembros de pandillas se han disparado, y el ICE ha capturado a varios de los líderes más prominentes de estas organizaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que en los primeros 50 días del segundo mandato de Trump, se realizaron casi 33,000 arrestos, de los cuales un 75% fueron de delincuentes acusados o condenados. Además, más de 1,100 presuntos pandilleros fueron arrestados, en comparación con 483 en el mismo período del año anterior. Estos números demuestran la efectividad de la estrategia de deportación de la administración Trump.
La represión también se ha reflejado en la disminución de cruces fronterizos. Según la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), los encuentros con inmigrantes ilegales en el sector suroeste de la frontera cayeron drásticamente, alcanzando los 7,180 cruces en marzo, una cifra mucho menor en comparación con el promedio mensual de 155,000 cruces en 2024.
Sin embargo, los esfuerzos del gobierno han sido parcialmente bloqueados por desafíos legales. Recientemente, la Corte Suprema autorizó la reanudación de las deportaciones amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un fallo que fue recibido como una victoria por la Casa Blanca. A pesar de este avance, la administración espera que sigan existiendo impugnaciones legales que puedan retrasar la implementación de estas políticas.
