Un migrante ilegal, condenado por violar a una menor en Brasil, fue arrestado en noviembre de 2024 tras ser localizado viviendo en una guardería de Cape Cod, Massachusetts. La noticia fue reportada recientemente por Boston 25 News y confirmada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El detenido, André Tiago Lucas, fue sentenciado en Brasil el 6 de diciembre de 2016 a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de “violación de una persona vulnerable”, según los registros del Tribunal Único del Distrito de Serro, en Minas Gerais. Sin embargo, Lucas huyó del país antes de cumplir su condena y se instaló en Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses confirmaron que Lucas vivía en una guardería operativa en Massachusetts, aunque no se ha revelado el nombre del establecimiento. La propietaria del lugar, Francine Nunes, cuenta con licencia vigente emitida por el Departamento de Educación Temprana y Cuidado del estado, lo que ha generado cuestionamientos sobre los controles aplicados.
El arresto de Lucas generó reacciones políticas inmediatas. El Partido Republicano de Massachusetts calificó el caso como un “fracaso de liderazgo” y criticó la falta de colaboración entre el estado y ICE.
“Esto es lo que resulta de no colaborar con el ICE: un inmigrante ilegal violador de niños que vive en una guardería en Cape Cod”, publicó el partido en la red social X.“
El Comité Nacional Republicano también intervino, ironizando sobre posibles reacciones del Partido Demócrata.
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“Esperando que los demócratas lo llamen ‘el hombre de Massachusetts’”, publicó en su cuenta oficial.
“Sáquenlo de aquí”, añadió en un segundo mensaje.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre cómo Lucas pudo residir en un entorno con acceso a menores pese a su historial penal en otro país.
ICE no ha precisado si Lucas será extraditado a Brasil para cumplir su condena original, aunque confirmó que se encuentra bajo custodia federal.
Este caso se suma a los debates sobre las políticas migratorias, la cooperación entre estados y agencias federales, y la necesidad de verificaciones de antecedentes más rigurosas en entornos relacionados con el cuidado infantil.
La investigación sigue en curso.
