Alertas tardías, una respuesta abrumada y fallas críticas de comunicación. Una audiencia especial conjunta en el Capitolio de Texas expuso al menos tres fallas graves que pudieron haber costado vidas durante las letales inundaciones del fin de semana del 4 de julio.
Una de las revelaciones más impactantes provino del jefe Nim Kidd, director de la División de Manejo de Emergencias de Texas. Kidd, un exbombero de San Antonio, describió su frustración al llegar a la zona del desastre y no poder comunicarse con sus propios colegas del Departamento de Bomberos de San Antonio.
Según su testimonio, cuando les pidió hablar por sus radios, le informaron que los equipos de San Antonio no funcionaban en esa área. En su lugar, estaban usando “unos radios chinos muy baratos” para comunicarse entre ellos. Kidd fue enfático al afirmar ante el comité: “Somos mejores que eso”.
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El senador José Menéndez (D-San Antonio) presionó a Kidd sobre la cronología de las alertas de emergencia. Cuestionó por qué no se emitieron advertencias ni órdenes de evacuación la madrugada del 5 de julio, a pesar de que la lluvia duplicaba la cantidad que normalmente provoca inundaciones.
En respuesta, Kidd explicó una falla sistémica clave. A nivel estatal, su equipo actúa como una “campana de alarma” al recibir datos del Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, no existe un sistema que garantice que alguien en los gobiernos locales esté despierto o reciba esa misma información crítica en tiempo real para poder actuar.
La audiencia también abordó el difícil proceso de identificación de víctimas. Kristin Tips, presidenta de la Comisión de Servicios Funerarios de Texas, testificó sobre las dificultades que enfrentaron las familias en comunidades pequeñas que carecen de médicos forenses, lo que retrasó y complicó el manejo de los fallecidos.
Al final, el debate se centró en la acción futura. Cuando se le preguntó si los legisladores tenían los fondos para implementar soluciones, el senador Menéndez fue contundente. Afirmó que Texas “tiene el dinero”, pero la verdadera pregunta es si “existe la voluntad política” para actuar. El comité volverá a reunirse el 31 de julio en Kerrville para escuchar directamente a los residentes afectados.
