Camp Mystic, el campamento de verano que se ha convertido en un símbolo de las mortales inundaciones en el centro de Texas, se encontraba en un terreno conocido por su alto riesgo de desastre. No es un caso aislado. Casi 1.3 millones de hogares en Texas están en una situación similar, y aun así, los gobiernos locales —especialmente los condados— tienen un poder muy limitado para impedir el desarrollo en estas peligrosas zonas.
Esta brecha regulatoria es una de las razones clave por las que las inundaciones catastróficas continúan devastando el estado. Mientras que las ciudades pueden dictar en gran medida qué se construye dentro de sus límites mediante zonificación y códigos de construcción, los condados de Texas no tienen esa autoridad. Camp Mystic y muchas otras propiedades a lo largo del río Guadalupe en Kerr County estaban en áreas no incorporadas, fuera del alcance regulatorio del ayuntamiento de Kerrville.
“Fundamentalmente, los desastres son una decisión humana”, afirmó Robert Paterson, profesor de la Universidad de Texas en Austin especializado en planificación ambiental. “Podemos elegir desarrollar en relación con el alto riesgo, o podemos elegir no hacerlo”.
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Esta elección está impulsada por una confluencia de factores, incluyendo un rápido crecimiento poblacional y una cultura de derechos de propiedad muy arraigada en Texas. La población del estado ha crecido más del 7% desde 2020, y la región de Hill Country ha visto un aumento del 9%, lo que ha desatado un frenesí de construcción que a menudo supera las regulaciones de seguridad.
Las presiones económicas también juegan un papel importante. Los terrenos en zonas propensas a inundaciones suelen ser más baratos y, en muchos casos, son los únicos lugares donde se permiten viviendas asequibles, como las casas móviles, creando un ciclo de riesgo para las comunidades vulnerables.
Incluso cuando existen reglas, a menudo se basan en mapas de inundación federales obsoletos que no tienen en cuenta la mayor frecuencia e intensidad de las tormentas. Además, los funcionarios locales pueden sentir presiones políticas para no restringir el desarrollo por temor a dañar la economía o a represalias en las urnas.
Los expertos argumentan que el estado debe intervenir. Aunque Texas adoptó su primer plan estatal contra inundaciones apenas el año pasado, muchos creen que los legisladores estatales deben dar a los condados mejores herramientas para gestionar el desarrollo. Sin estándares estatales más firmes, algunas áreas podrían seguir siendo un “lejano oeste” de construcción de alto riesgo sin control.
Mientras comienza la recuperación, el debate sobre dónde y cómo reconstruir se intensifica. “Mi consejo es: un río es hermoso, pero como todos hemos visto, puede ser una bestia furiosa y horrible, y necesita ser tratado con respeto”, concluyó Robert Mace, del Meadows Center for Water and the Environment de la Texas State University. “Parte de ese respeto proviene de tomar decisiones cuidadosas sobre dónde construimos”.
