Un juez federal bloqueó este lunes una controvertida disposición incluida en la ley fiscal y de gastos promulgada recientemente por el presidente Donald Trump. La medida buscaba retirar los fondos de Medicaid a Planned Parenthood y sus afiliados debido a la realización de abortos, algo que la jueza Indira Talwani consideró probablemente inconstitucional. Según su fallo, emitido en Boston, la disposición violaría la Constitución al apuntar específicamente a los centros de salud para castigarlos por ofrecer servicios de aborto.
La disposición en cuestión, parte del proyecto de ley conocido como “One Big Beautiful Bill”, fue aprobada por el Congreso liderado por republicanos. Esta prohibía que organizaciones exentas de impuestos y sus afiliadas recibieran fondos de Medicaid si continuaban brindando abortos. Sin embargo, el Departamento de Justicia argumentó que la norma buscaba detener los subsidios federales para abortos y acusó a Planned Parenthood de intentar sustituir legislación debidamente promulgada con “preferencias políticas”. Talwani, nombrada por Barack Obama, señaló que la estructura de la ley evidenciaba un objetivo punitivo contra toda la red de Planned Parenthood.
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La jueza también destacó que la ley podría violar la Quinta Enmienda, al discriminar injustamente a los miembros de Planned Parenthood, y la Primera Enmienda, al obstaculizar el derecho de asociación de algunas clínicas con su organización matriz. Para Talwani, la disposición se asemeja a una “proscripción” inconstitucional, ya que busca castigar sin juicio previo. Planned Parenthood advirtió que la aplicación de esta norma tendría “consecuencias catastróficas”, poniendo en riesgo de cierre a casi 200 de sus 600 centros de salud en 24 estados.
Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Federation of America, afirmó que continuarán luchando contra lo que calificó como una “ley cruel”. Subrayó la importancia de garantizar acceso a servicios esenciales como anticonceptivos, pruebas de ETS y exámenes de detección de cáncer. La orden judicial preliminar llega después de que muchos centros suspendieran temporalmente la facturación de servicios de Medicaid ante la incertidumbre legal. Mientras tanto, la Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre el fallo.
