Un grupo de derechos laborales en El Salvador presentó una demanda ante la Corte Suprema para anular la polémica ley de “agentes extranjeros”, impulsada por el presidente Nayib Bukele. Según sus detractores, esta normativa tiene como objetivo silenciar voces disidentes y restringir el financiamiento de organizaciones de derechos humanos y medios independientes. La legislación, aprobada en mayo, establece un impuesto del 30% sobre las donaciones extranjeras y obliga a las organizaciones a registrarse ante un nuevo organismo gubernamental con amplios poderes regulatorios.
La medida se enmarca en una represión más amplia contra la disidencia política y social en el país. En los últimos meses, más de cien personas han huido hacia el exilio político debido a la creciente presión del gobierno. Organizaciones como Cristosal, uno de los principales críticos de Bukele, han abandonado el país tras denunciar amenazas legales y acoso oficial. Además, abogados anticorrupción como Ruth López han sido encarcelados bajo cargos que niegan categóricamente, lo que ha generado preocupación internacional.
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El Movimiento de Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MCDT) argumenta que la ley viola múltiples artículos de la Constitución salvadoreña al criminalizar a defensores de derechos humanos y grupos críticos del gobierno. Silvia Navarrete, representante del MCDT, destacó que la legislación busca acallar a quienes documentan violaciones a los derechos humanos y denuncian actos de corrupción dentro de la administración de Bukele. Morena Murillo, otra líder del grupo, señaló que la ley apunta específicamente a quienes critican la erosión democrática y la concentración de poder ejecutivo.
Aproximadamente 8,000 organizaciones operan en El Salvador, aunque no todas están registradas oficialmente. La nueva ley afecta a cualquier persona o entidad influenciada por intereses extranjeros, imitando modelos autoritarios de países como Rusia y Venezuela. Los críticos advierten que esta medida refuerza la tendencia de Bukele a consolidar su control sobre la sociedad civil y debilitar las instituciones democráticas.
