Una nueva directriz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), firmada el 9 de julio por el director interino Todd Lyons, está generando preocupación entre las organizaciones de derechos de los migrantes. A partir de ahora, ICE podrá deportar a migrantes a terceros países con tan solo seis horas de notificación previa, una drástica reducción del plazo habitual de 24 horas.
El memorando interno justifica esta aceleración en “circunstancias exigentes”, siempre y cuando el migrante haya tenido la oportunidad de consultar con un abogado. La medida busca agilizar las expulsiones, extendiendo la política migratoria iniciada durante la administración de Donald Trump.
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Según el documento, estos traslados se realizarán exclusivamente a países que hayan ofrecido garantías de no perseguir ni torturar a los deportados. La justificación de ICE es que, bajo estas condiciones, no se necesitarían “procedimientos adicionales” para concretar las expulsiones.
Sin embargo, las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han reaccionado con alarma. Califican la medida de “peligrosa y cruel”, advirtiendo sobre el riesgo de enviar a personas a naciones donde podrían enfrentar violencia, o a lugares donde carecen de lazos familiares y no dominan el idioma, lo que agravaría su vulnerabilidad.
La celeridad de esta nueva norma plantea serias interrogantes sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes en proceso de deportación.
El memorando del ICE fue incluido como evidencia en el caso del residente de Maryland Kilmar Abrego García, deportado a El Salvador, que alega haber sido expulsado de forma arbitraria.
