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Estados Unidos

Juez evalúa sancionar a abogados del Departamento de Justicia

James Boasberg considera procedimientos disciplinarios contra abogados del Departamento de Justicia por su rol en deportaciones de venezolanos.

Departamento de justicia
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El juez James Boasberg, destacado magistrado de Washington, DC, ha puesto bajo la lupa la conducta de abogados del Departamento de Justicia en un controvertido caso de deportaciones de venezolanos. Durante una audiencia reciente, el juez planteó la posibilidad de remitir a estos funcionarios a colegios de abogados estatales para investigar su presunta falta de ética profesional. La denuncia se vincula con la deportación de supuestos pandilleros venezolanos que fueron enviados a una prisión salvadoreña en marzo pasado, un proceso que levantó sospechas sobre irregularidades legales.

El caso, impulsado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), cuestiona la actuación de la administración Trump durante los procedimientos de deportación. Según los demandantes, las autoridades no solo ignoraron órdenes judiciales, sino que también privaron a los afectados de la oportunidad de refutar las acusaciones de pertenencia a pandillas. Boasberg señaló en abril que el gobierno parecía haber actuado “de mala fe”, al coordinar apresuradamente vuelos de deportación mientras simulaba cumplir con trámites legales.

La situación se complicó aún más tras una denuncia presentada por Erez Reuveni, un exabogado del Departamento de Justicia despedido en abril. Reuveni detalló tres incidentes donde líderes del departamento habrían desafiado órdenes judiciales relacionadas con deportaciones. Aunque la procuradora general Pam Bondi minimizó las acusaciones llamando a Reuveni un “empleado descontento”, Boasberg afirmó que estas revelaciones fortalecieron el caso de desacato criminal contra la administración.

El caso enfrenta retrasos significativos después de que un tribunal federal de apelaciones bloqueara temporalmente la investigación de Boasberg. Sin embargo, el juez ha dejado claro que evaluará si las acciones y la veracidad de los abogados del gobierno ameritan sanciones disciplinarias. Mientras tanto, los abogados del Departamento de Justicia han negado cualquier incumplimiento legal, argumentando que las declaraciones del juez desde el estrado carecen de valor vinculante.

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