El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue puesto bajo arresto domiciliario este lunes por orden de la Corte Suprema. Según el juez Alexandre de Moraes, Bolsonaro violó medidas cautelares al difundir mensajes a través de sus hijos legisladores. Estas acciones ocurrieron durante una protesta en Río de Janeiro, donde el exmandatario se dirigió a sus seguidores mediante un teléfono celular. “Buenas tardes, Copacabana, buenas tardes, mi Brasil, un abrazo a todos, esto es por nuestra libertad“, fueron las palabras del mensaje transmitido por Bolsonaro. Sus abogados aseguran que apelarán la decisión, argumentando que no hubo incumplimiento de las restricciones impuestas.
Por otro lado, el caso ha generado tensiones internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump vinculó los cargos contra Bolsonaro con un arancel del 50% a productos brasileños. Trump calificó el proceso como una “caza de brujas”. Además, el Departamento de Estado de EE.UU. criticó duramente al juez De Moraes, acusándolo de restringir la libertad de expresión. Líderes brasileños, incluido el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, han evitado hacer comentarios oficiales sobre el asunto.
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Sin embargo, la fiscalía brasileña mantiene su postura firme. Acusan a Bolsonaro de liderar una organización criminal para anular las elecciones de 2022. Entre las acusaciones están planes extremos, como atentar contra Lula y el propio juez De Moraes. La medida llega semanas después de que el tribunal ordenara el uso de un monitor electrónico para Bolsonaro. Agentes federales también incautaron teléfonos en su residencia en Brasilia. Se espera que permanezca en la capital sin posibilidad de viajar.
Finalmente, el caso ha polarizado aún más a Brasil. Decenas de miles de simpatizantes de Bolsonaro marcharon en São Paulo y Río pidiendo su indulto. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, afirmó que Brasil vive ahora una dictadura. Mientras tanto, De Moraes defendió su decisión, señalando que el sistema judicial no permitirá desacatos a la ley. A pesar de las críticas internacionales, la justicia brasileña insiste en que trata a todos por igual ante la ley.
