México envió este martes a 26 presuntos integrantes de cárteles a Estados Unidos. La medida responde a una solicitud del Departamento de Justicia estadounidense. Según las autoridades mexicanas, estos prisioneros tienen vínculos con grupos de narcotráfico. Además, EE.UU. garantizó que no buscará la pena de muerte para ellos. Este esfuerzo forma parte de la creciente presión ejercida por Donald Trump sobre México. El presidente estadounidense exige un combate más agresivo contra los cárteles.
Por lo tanto, esta acción refleja el delicado equilibrio político de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella enfrenta la difícil tarea de apaciguar a Trump mientras rechaza cualquier intervención militar unilateral en suelo mexicano. En febrero, ya se había realizado una extradición similar de 29 líderes de cárteles. Esto generó un debate nacional sobre las implicaciones legales y políticas de tales medidas. Sin embargo, Sheinbaum asegura que ambos países están cerca de un acuerdo de seguridad mutua.
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Asimismo, entre los extraditados hay figuras clave del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Estos son considerados los dos grupos criminales más poderosos de México. Ronald Johnson, embajador de EE.UU. en México, destacó la importancia de esta colaboración. “Es un ejemplo de lo que logran dos gobiernos unidos contra la violencia”, declaró. Agregó que estos fugitivos enfrentarán justicia en tribunales estadounidenses. También afirmó que esta acción fortalecerá la seguridad en ambas naciones.
Trump vincula los aranceles comerciales a México con el tráfico de fentanilo. Acusa al país de no combatir a los cárteles con suficiente fuerza. La semana pasada, ordenó al Pentágono preparar operaciones contra estos grupos. Las insinuaciones de intervención han sido rechazadas por Sheinbaum. Ella subraya que la cooperación debe ser bilateral y evitar acciones militares extranjeras. A pesar de ello, la extradición masiva muestra la influencia de la presión internacional.
