La comunidad de El Paso se encuentra en medio de una intensa controversia legal tras el anuncio de una demanda federal contra el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) y varios de sus oficiales. Los hechos se remontan al 13 de julio de 2025, cuando Xavier Hernández, quien atravesaba una crisis de salud mental, falleció tras un altercado con las autoridades en la autopista I-10. La demanda sostiene que Hernández estaba desarmado y de rodillas cuando los oficiales emplearon fuerza letal de manera injustificada.
Según la denuncia, los oficiales utilizaron pistolas Taser en múltiples ocasiones contra Hernández, aplicaron presión en puntos del cuello y lo asfixiaron. Los abogados afirman que, a pesar de estar esposado y sin ofrecer resistencia, los agentes se arrodillaron sobre su espalda y lo presionaron contra el suelo durante casi diez minutos. El informe de la autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia, clasificando el caso médicamente como un “homicidio”, aunque el EPPD ha enfatizado que este término no implica necesariamente una responsabilidad criminal inmediata.
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Por su parte, el EPPD sostiene que Hernández se mostraba combativo e intentaba saltar desde la estructura de la autopista, lo que motivó el uso de la fuerza para contenerlo. Sin embargo, la familia y diversas organizaciones comunitarias argumentan que este trágico desenlace es el resultado de una capacitación insuficiente de la policía para manejar emergencias psiquiátricas. Alegan que el sistema de respuesta ante crisis de salud mental en la ciudad es deficiente y que la muerte de Xavier era totalmente evitable.
Este proceso judicial busca no solo una compensación para la familia, sino también impulsar reformas profundas en los protocolos de actuación policial. Los abogados han hecho un llamado a la transparencia total, especialmente tras la publicación de las imágenes de las cámaras corporales que capturaron los momentos finales del incidente. Mientras el caso avanza en la corte federal, la familia Hernández insiste en que su lucha es para evitar que otros ciudadanos sufran un destino similar a manos de quienes deberían protegerlos.
