Funcionarios de Texas confirmaron que han entregado el padrón electoral estatal completo al Departamento de Justicia de EE. UU., cediendo ante las exigencias de la administración Trump. Alicia Pierce, portavoz de la Secretaría de Estado, indicó que la transferencia de datos se completó el pasado 23 de diciembre e incluye información personal de aproximadamente 18.4 millones de votantes registrados en la entidad.
La información proporcionada contiene datos altamente sensibles e identificables de los ciudadanos, incluyendo fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social. El Departamento de Justicia argumenta que esta recolección masiva es necesaria para cumplir su misión de hacer valer las leyes electorales y depurar las listas, buscando eliminar a votantes que consideren inelegibles a nivel nacional.
Esta decisión coloca a Texas en el grupo de estados que cooperaron voluntariamente, a diferencia de otros 23 estados y Washington D.C., que se negaron a entregar sus registros por preocupaciones de privacidad y ahora enfrentan demandas federales. Expertos legales y funcionarios electorales de todo el país han advertido que crear una base de datos nacional de este tipo podría comprometer la seguridad de la información privada de millones de estadounidenses.
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El Comité Nacional Demócrata (DNC) reaccionó con dureza, enviando una carta donde califican la acción como una “toma de poder del gobierno” que vulnera derechos. El presidente del DNC, Ken Martin, declaró que no se quedarán de brazos cruzados mientras el Departamento de Justicia intenta acceder a información sensible, advirtiendo que esto podría derivar en la eliminación injusta de votantes legítimos de las listas oficiales.
Además, existe un conflicto legal inminente debido a los tiempos electorales. La ley federal prohíbe realizar eliminaciones sistemáticas de votantes 90 días antes de una elección federal. Dado que Texas tiene sus elecciones primarias el próximo 3 de marzo, el estado estaría legalmente impedido para realizar cualquier purga de listas sugerida por el gobierno federal hasta después de los comicios, complicando la ejecución del acuerdo.
