El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien asumió el cargo el pasado 1 de enero de 2026—, ha intervenido en el polémico caso de Jabez Chakraborty, un joven diagnosticado con esquizofrenia que resultó gravemente herido tras un enfrentamiento con la policía en Queens. El incidente ocurrió el 26 de enero, cuando la familia de Chakraborty llamó al 911 solicitando una ambulancia para trasladar al joven al hospital debido a un episodio psicótico. Según los informes, los agentes del NYPD llegaron al domicilio en Briarwood antes que los servicios médicos.
Las imágenes de las cámaras corporales, publicadas recientemente por el Departamento de Policía, muestran el momento en que Chakraborty empuña un cuchillo de cocina y avanza hacia los oficiales a pesar de las órdenes de detenerse y de los intentos de su madre por contenerlo. Tras un breve forcejeo a través de una puerta de cristal que separaba a los agentes del joven, uno de los oficiales disparó cuatro veces contra Chakraborty. Actualmente, el joven permanece en cuidados intensivos conectado a un respirador, mientras la fiscalía de Queens analiza presentar cargos por intento de asesinato.
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El alcalde Mamdani, quien basó gran parte de su campaña en la reforma de la seguridad pública y el manejo de crisis de salud mental, ha sido enfático al declarar que Chakraborty necesita tratamiento psiquiátrico urgente y no un proceso penal. “Es claro que lo que Jabez necesita es cuidado médico, no una persecución criminal por parte de un fiscal de distrito”, afirmó el mandatario tras visitar al joven en el hospital y reunirse con su familia. Esta postura ha generado un fuerte debate sobre su propuesta de crear un Departamento de Seguridad Comunitaria que envíe trabajadores sociales en lugar de policías a este tipo de llamadas.
Por su parte, la familia del joven ha denunciado que la intervención policial solo sirvió para escalar una situación que originalmente era una emergencia médica. Además, han acusado a los agentes de interrogar a los miembros de la familia sobre su estatus migratorio y de confiscar sus teléfonos celulares de manera injustificada tras el tiroteo. Mientras tanto, sindicatos policiales como la PBA defienden la actuación de los oficiales, argumentando que se enfrentaron a una situación peligrosa y de rápido movimiento donde el uso de la fuerza fue necesario para defender su integridad física.
