El proyecto de Ley de Amnistía para presos políticos ha llegado a su etapa definitiva en la Asamblea Nacional de Venezuela, quedando a la espera de su segunda y última discusión parlamentaria. El texto, impulsado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, busca formalizar la liberación y el cierre de causas judiciales de cientos de ciudadanos detenidos bajo el mandato anterior. Sin embargo, la propuesta ha generado un intenso debate en el seno legislativo, ya que diversas organizaciones de derechos humanos y familiares de los detenidos consideran que la redacción actual es insuficiente para garantizar una reconciliación nacional verdadera.
Una de las críticas más severas se centra en el Artículo 6, el cual limita los beneficios de la ley a diez períodos específicos de crisis política, en lugar de cubrir de manera ininterrumpida los últimos 27 años. Esta segmentación temporal deja en un limbo jurídico a defensores de derechos humanos y activistas que fueron arrestados en años de “baja intensidad” política, pero que siguen enfrentando procesos judiciales vigentes. Organizaciones como Provea han señalado que esta limitación podría dejar fuera a más de la mitad de los considerados presos políticos, convirtiendo la amnistía en una medida selectiva y no universal.
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Asimismo, existe una profunda preocupación por la exclusión implícita del sector militar, un grupo que representa una parte significativa de la población carcelaria por motivos políticos. A pesar de que la ley no los veta nominalmente, la omisión de operaciones y eventos específicos que involucraron a oficiales de la Fuerza Armada sugiere una intención de mantener las sanciones contra este sector. Hasta la fecha, las verificaciones realizadas por la ONG Foro Penal confirman que, de las cientos de excarcelaciones ocurridas desde finales de 2025, ninguna ha beneficiado a miembros del estamento militar, lo que refuerza los temores de los activistas.
Finalmente, el texto ha sido cuestionado por no establecer mecanismos claros de reparación para las víctimas ni garantías para el retorno seguro de los exiliados políticos. La ausencia de disposiciones para la devolución de bienes confiscados y la exigencia del oficialismo de que los perseguidos en el extranjero regresen a “ponerse a derecho” antes de aplicarles la ley son vistas como barreras críticas. Para los especialistas, la amnistía fallará en su propósito si no reconoce explícitamente la condición de víctimas de los procesados, limitándose a un perdón administrativo que ignora el daño material y moral sufrido por las familias.
