Este viernes 20 de febrero de 2026, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, anunció que investigará las nuevas regulaciones de sostenibilidad impuestas a los productores lácteos. La decisión surge después de que una granjera de Wisconsin denunciara en un video viral haber recibido una carta de su planta procesadora exigiendo datos detallados sobre su huella de carbono bajo la amenaza velada de dejar de comprar su leche si no participaba en el programa.
La productora afectada explicó que, aunque la actualización de la política de agricultura sostenible se presenta como “voluntaria”, el documento aclara que la leche no será recolectada ni vendida si el granjero no entrega la información requerida. Entre los datos solicitados figuran registros anuales de nutrición del ganado, consumo de gas natural, diésel, propano, biodiésel y el total de kilovatios de electricidad utilizados durante los últimos 12 meses. La granjera calificó estas exigencias, vinculadas a objetivos climáticos de cero emisiones netas (ESG), como una forma de extorsión administrativa.
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La denuncia captó la atención inmediata de Rollins en redes sociales, quien respondió con un mensaje directo asegurando que el Departamento de Agricultura (USDA) ya está trabajando en el caso. Este conflicto ocurre en un momento en que la administración actual busca reducir la carga regulatoria sobre los agricultores y ha expresado su rechazo a las políticas de gobernanza ambiental (ESG) que, según la secretaria, asfixian la rentabilidad de las granjas familiares en estados clave como Wisconsin.
La movilización de la Secretaría de Agricultura refleja una postura firme contra la implementación de agendas climáticas a través de intermediarios corporativos. El USDA evaluará si estas prácticas de las procesadoras de leche violan leyes de competencia o si imponen cargas injustas a los productores. Esta investigación se suma a los esfuerzos de Rollins por proteger la autonomía de los granjeros estadounidenses frente a lo que ella denomina “burocracia ambientalista” que intenta regular la producción de alimentos por vías no legislativas.
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