Este fin de semana, una operación coordinada entre la Policía del Condado de Prince George (PGPD), la Policía Estatal de Maryland (MSP) y agencias regionales logró desarticular múltiples rallies de autos ilegales que sembraron el caos en los condados de Prince George, Montgomery, Howard y Anne Arundel. Entre la noche del 21 de febrero y la madrugada del 22 de febrero de 2026, las autoridades enfrentaron a multitudes de hasta 300 personas que bloqueaban intersecciones clave para realizar maniobras peligrosas, conocidas como “donas”, y exhibiciones de velocidad.
Dos hombres de Pensilvania, Blake Miller (23) y Gus Roth (22), fueron arrestados en Allentown Road tras intentar huir de la policía. Según el reporte oficial, Miller impactó varios vehículos durante su intento de fuga, mientras que en el interior del auto se recuperó un arma de fuego y municiones. Simultáneamente, en Montgomery County, la situación escaló cuando los participantes vandalizaron dos patrullas policiales en la intersección de East-West Highway y Connecticut Avenue; en uno de los ataques, un oficial se encontraba dentro del vehículo cuando destrozaron el parabrisas y la ventana trasera.
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El operativo, liderado por la “Maryland Car Rally Task Force”, también resultó en la detención de Jossel Joan Maldonado Sanabria (19), proveniente de Carolina del Norte, y un menor de edad de Virginia en Camp Springs. Ambos enfrentan cargos por posesión de un arma de fuego cargada. El jefe de la PGPD, George Nader, envió un mensaje contundente: “No vengan a nuestro condado a realizar estas actividades peligrosas; no serán toleradas”. En total, se realizaron ocho paradas de tráfico, se confiscaron dos vehículos y se emitieron 15 citaciones adicionales.
Activistas de seguridad vial, como John Seng de Safe Roads Maryland, recordaron a la población que incluso ser espectador en estos eventos es ilegal y puede acarrear hasta un año de cárcel, multas de $1,000 y la pérdida de puntos en la licencia de conducir. Las autoridades continúan revisando videos de cámaras de tablero y redes sociales para identificar a otros responsables de los daños a la propiedad pública, advirtiendo que los recursos policiales desviados a estos eventos afectan la seguridad de toda la comunidad.
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